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En un contexto en el que cada euro es crucial y el futuro del sistema de pensiones español se encuentra en constante evaluación, una nueva medida ha suscitado serias preocupaciones. La Seguridad Social está implementando ajustes que podrían dejar a miles de trabajadores españoles fuera del sistema.
Los criterios para acceder a la jubilación se están volviendo más estrictos y un ajuste podría excluir a numerosos trabajadores que no cumplan con un requisito clave: los años cotizados.
Aunque el objetivo de esta decisión es aliviar la carga financiera sobre el sistema público, existe el riesgo de que se excluya a aquellos que no hayan alcanzado los años mínimos de cotización requeridos.
¿Cuántos años se deben cotizar para acceder a una pensión?
Según la normativa actual en España, se requieren 15 años cotizados como mínimo para acceder a la jubilación, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación.
No obstante, los recientes ajustes están diseñados para incrementar progresivamente este umbral. Las propuestas presentadas contemplan elevar el requisito a 20 años en el horizonte de 2035, especialmente en el caso de pensiones anticipadas. Estos cambios buscan promover carreras laborales más prolongadas y sostenibles para el sistema.
Consecuencias de no cumplir con los años mínimos
La respuesta es clara y contundente: sin los años mínimos de cotización, no hay jubilación. En tales circunstancias, los ciudadanos solo podrían aspirar a una pensión no contributiva, cuya cuantía es significativamente inferior (actualmente en torno a 517 euros mensuales en 2025, según el IMSERSO).
Esta situación afecta directamente a colectivos vulnerables como autónomos, empleadas del hogar, trabajadores con lagunas de cotización o personas que han estado largos periodos en el desempleo sin subsidio. El riesgo de quedar excluido del sistema con una jubilación precaria es una realidad preocupante.
Medidas en discusión para reducir el impacto actual
Desde el Gobierno se están considerando opciones de "cotización ficticia" para ciertos grupos, así como el cómputo de años dedicados al cuidado de hijos o familiares dependientes, lo cual beneficiaría especialmente a las mujeres.
Otra de las propuestas es mejorar los incentivos por retrasar la jubilación o por continuar trabajando más allá de la edad legal. A pesar de estas soluciones temporales, los sindicatos advierten que cualquier aumento en los requisitos debe ir acompañado de políticas activas de empleo que faciliten trayectorias laborales más estables y continuas, algo que aún no se garantiza en muchos sectores.
