En esta noticia
Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea compleja en gran parte del país. Los precios suben de forma sostenida y la oferta disponible no logra acompañar una demanda en constante crecimiento. A este escenario se suma la prohibición de desahucios, prorrogada ahora hasta 2026, que reconfigura el mercado.
La medida impacta de forma directa en propietarios e inquilinos. Muchos dueños optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. En paralelo, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos.
El Gobierno alcanzó un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, según los decretos aprobados.
Por qué la prohibición de desahucios impacta en el alquiler
La prohibición de desahucios sin alternativa habitacional se aplica a hogares vulnerables. Abarca situaciones de impago de la renta y casos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. La medida condiciona las decisiones de los propietarios.
Estas políticas se activaron con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, aprobado durante la pandemia. Desde entonces, el Ejecutivo decidió renovarlas de forma anual ante la persistencia de la crisis social y económica.
La última prórroga se aprobó en el Consejo de Ministros de 2025. El decreto amplía la prohibición de desahucios durante todo 2026, a la espera del visto bueno del Congreso, lo que prolonga la incertidumbre en el mercado del alquiler.
Qué medidas del escudo social seguirán vigentes en 2026
El acuerdo político incluye la prohibición de cortes de suministros básicos. La medida protege a hogares vulnerables frente a la interrupción del suministro de luz, agua y gas durante todo 2026.
También se mantiene la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas iban a caducar el 31 de diciembre, pero el pacto alcanzado permite extenderlas al menos un año más.
EH Bildu subrayó que “el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante”. El grupo destacó que la protección sigue siendo necesaria en el actual contexto económico y social.
A quién protege la prohibición de desahucios ampliada
La prohibición de desahucios se dirige a familias vulnerables sin alternativa habitacional acreditada. Incluye hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género.
La protección también alcanza a quienes residen en una vivienda sin título legal. En estos casos, deben cumplir los requisitos de vulnerabilidad económica y social establecidos en la normativa vigente.
La norma no contempla mecanismos excepcionales de desalojo. Si el decreto es convalidado por la Cámara Baja, la protección se mantendrá activa durante todo 2026.
Consecuencias directas en la oferta de vivienda en alquiler
Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Familias con una sola renta, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros.
Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras largos litigios deciden retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan alquiler.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios bajaron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler.
Contexto político detrás de la prórroga hasta 2026
EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales.
La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. El mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga.
Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.
