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La Unión Europea (UE) se ha puesto firme ante un problema que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas españolas. Las normas comunitarias sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) forman parte de la columna vertebral del mercado único: tienen como objetivo evitar barreras a la libre circulación de bienes y servicios y garantizar condiciones fiscales justas entre Estados miembros.
Si un país no aplica esas reglas como debe, la Comisión Europea puede actuar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con España: Bruselas ha advertido que llevará al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no adaptar su legislación interna a una directiva que afecta al régimen de IVA comunitario, con consecuencias reales para quienes venden fuera de España.
El origen del conflicto: IVA y pequeñas empresas
El conflicto gira en torno a una directiva europea aprobada en 2020 que debía estar transpuesta en todos los países de la UE antes del 31 de diciembre de 2024 y aplicarse a partir de 2025. Esa directiva permite a los Estados miembros implementar un régimen de IVA exento para determinadas ventas a clientes en otros países de la UE, facilitando que los autónomos y pymes puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado único sin cargar el impuesto a sus clientes extranjeros si cumplen ciertos requisitos.
Sin embargo, según la Comisión Europea, España es el único país miembro que todavía no ha completado la transposición de esa parte esencial de la normativa. “Actualmente España es el único Estado miembro que no ha adoptado ni notificado esas disposiciones a la Comisión”, afirmó una representante ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según la agencia EFE.
El resultado para los negocios españoles es claro: empresas que venden a clientes en otros Estados de la UE pueden verse obligadas a repercutir el IVA español y asumir cargas fiscales que sus competidores en países como Francia o Alemania no tienen que soportar, lo que perjudica su competitividad.
Además, la falta de transposición de la directiva significa que España tampoco ha adoptado un régimen interno de exención de IVA para pequeñas empresas que facturen por debajo de cierto umbral, algo que en otros países puede reducir años de trámites fiscales complejos para autónomos con poco volumen de negocio.
Riesgo real de sanción y presiones de los autónomos
La Comisión Europea no solo ha expresado su preocupación: ha abierto formalmente un procedimiento de infracción contra España y enviado un ultimátum para que el país se ponga al día con sus obligaciones. El siguiente paso, si no hay avances, sería llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el máximo órgano judicial de la UE para cuestiones de Derecho comunitario.
Para asociaciones de autónomos, esta posición firme de Bruselas llega como un alivio tras años de presionar al Gobierno. La organización ATA ha denunciado la situación ante la propia Comisión Europea, argumentando que la falta de exención del IVA para quienes facturan menos de 85.000 euros pone en desventaja a muchos trabajadores por cuenta propia frente a sus homólogos europeos y genera una “carga burocrática desproporcionada”.
La directiva que España todavía no ha incorporado permitiría que aquellos autónomos y pequeñas empresas que cumplan ciertos criterios no repercutan el IVA ni lo declaren en las ventas intracomunitarias, lo que reduce costes, simplifica obligaciones fiscales y favorece la competitividad internacional.
Desde la UE, la presión no es solo técnica sino política. La Comisión ha recordado que la normativa comunitaria sobre el mercado único y el IVA busca evitar distorsiones entre Estados miembros y garantizar que los negocios europeos operen con igualdad de condiciones, sin cargas arbitrarias que limiten la libre circulación de bienes y servicios.
Qué está en juego para España y el mercado único
Más allá de la discusión legal, el caso tiene implicaciones económicas. Si el asunto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España podría enfrentarse a sanciones económicas y obligaciones de cumplimiento forzoso, algo que ya ha ocurrido en otros procedimientos similares con países que han tardado en cumplir directivas comunitarias.
Para los autónomos españoles, que representan una parte significativa de la economía nacional, el cambio no sería solo una formalidad legislativa: podría suponer menores costes fiscales y menos trabas administrativas, especialmente para quienes venden fuera de nuestras fronteras.
Además, la decisión de Bruselas pone de manifiesto una fractura entre las prioridades de la UE y las decisiones fiscales internas de España, donde ciertos temas, como la reforma del régimen de IVA y la simplificación de obligaciones para pymes y autónomos, han sido difíciles de concretar por razones políticas y técnicas.
Lo que está en discusión es el respeto a las reglas del mercado único y la capacidad de pequeños empresarios españoles para competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa. La cuenta atrás hacia una posible denuncia formal ante el TJUE ha empezado, y el resultado podría redefinir la forma en que España adapta su legislación tributaria a las normas comunitarias en el futuro próximo.
