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La Agencia Tributaria desempeña un papel clave en el funcionamiento de la economía, no solo por su función recaudatoria, sino también por su capacidad para garantizar la correcta redistribución de los recursos públicos que financian servicios esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras.
En un escenario marcado por la digitalización de los pagos y la creciente globalización económica, las administraciones fiscales se enfrentan a nuevos desafíos vinculados al fraude fiscal y al blanqueo de capitales, fenómenos que requieren mecanismos de control cada vez más precisos y adaptados al entorno digital.
En este contexto, el Gobierno de España ultima un real decreto que reforzará las obligaciones de información fiscal de las entidades financieras y de los proveedores de servicios de pago, con un impacto directo sobre las transacciones electrónicas realizadas en el país.
Cómo afectará el nuevo real decreto a los movimientos financieros
El real decreto en tramitación tiene como objetivo modernizar el control fiscal y mejorar la capacidad de supervisión de la Agencia Tributaria sobre los medios de pago digitales. Para ello, se prevé que las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos de pago deban remitir información periódica sobre la actividad de sus clientes.
Entre los datos que deberán comunicarse se incluirá la identificación del titular, el número total de operaciones realizadas y el importe acumulado anual de dichas transacciones, siempre que se supere el umbral de 25.000 euros por tarjeta. Este límite busca centrar el control en operaciones de mayor relevancia económica, sin afectar a los usos cotidianos de menor volumen.
Además, el texto amplía las obligaciones informativas sobre los pagos recibidos por empresarios y autónomos a través de tarjetas y plataformas de pago digital como Bizum o PayPal, estableciendo un sistema de comunicación mensual con independencia del importe de cada operación.
Qué implicaciones tiene la medida para empresas y autónomos
La reforma introduce un cambio estructural en la forma en que la Agencia Tributaria accede a la información sobre los flujos económicos digitales, aumentando tanto el volumen como la periodicidad de los datos disponibles para el control tributario.
Para empresas y trabajadores autónomos, el nuevo marco normativo implica un mayor nivel de transparencia fiscal y una reducción del margen para la opacidad en los cobros realizados mediante medios electrónicos, un canal cada vez más utilizado en la actividad económica diaria.
El refuerzo del control no se limita a la prevención del fraude, sino que también persigue una homogeneización del sistema fiscal, evitando desequilibrios entre quienes operan principalmente en efectivo y quienes utilizan de forma intensiva los pagos digitales.
Cuándo entrarán en vigor las nuevas obligaciones de información
El real decreto se encuentra en su fase final de tramitación administrativa y entrará en vigor una vez sea publicado oficialmente. A partir de ese momento, la Agencia Tributaria podrá comenzar a recopilar información de forma sistemática sobre las operaciones electrónicas de mayor volumen.
La disponibilidad de estos datos permitirá a Hacienda disponer de una visión más detallada y precisa de los movimientos financieros relevantes, fortaleciendo los mecanismos de detección temprana de irregularidades y mejorando la eficacia del control fiscal en un entorno económico cada vez más digitalizado.
Con esta medida, el Ejecutivo busca no solo combatir el fraude, sino también reforzar la confianza en el sistema tributario, promoviendo una mayor equidad y adaptando la supervisión fiscal a las nuevas formas de pago y consumo.
