En su constante labor por garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reforzar la lucha contra el fraude, Hacienda ha impulsado una nueva medida que promete cambiar la forma en la que se controlan los pagos electrónicos en España.

El Ministerio de Hacienda ha desarrollado un real decreto que impondrá nuevas obligaciones a las entidades emisoras de tarjetas y otros medios de pago, como parte de una estrategia más amplia para mejorar el control fiscal y favorecer la equidad en el sistema tributario.

Hacienda refuerza el control: nuevo límite para los pagos con tarjeta

El eje de esta nueva normativa se centra en la creación de una declaración anual que deberán presentar todas las entidades que emitan tarjetas de pago, ya sean bancos, grandes almacenes o empresas de carburantes. A partir del ejercicio fiscal de 2025, todas las operaciones realizadas con una misma tarjeta que superen, en conjunto, los 25.000 euros anuales deberán ser reportadas a la Agencia Tributaria. Esta obligación aplica a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago, monedero, virtuales o destinadas a compras en línea, y sin importar la moneda en la que se haya efectuado el pago.

La información que las entidades estarán obligadas a facilitar incluirá, entre otros datos, la identificación del titular -sea persona física o jurídica-, el número total de cargos realizados a lo largo del año y el importe total de estos movimientos, tanto en compras como en retiradas de efectivo. Tal como ha informado EL PERIÓDICO, esta medida entrará en vigor con efectos para el año 2025, aunque la primera declaración deberá presentarse en 2026.

Hacienda: pagos electrónicos y nuevas obligaciones para empresas y autónomos

El nuevo marco legal también contempla obligaciones adicionales de reporte para las entidades financieras. A partir de la entrada en vigor del decreto, deberán remitir mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre todos los cobros que los empresarios y autónomos realicen mediante tarjetas o aplicaciones de pago móvil como Bizum o PayPal, sin importar el importe de cada operación.

Este control más exhaustivo sobre los pagos tiene como objetivo detectar movimientos sospechosos, prevenir el blanqueo de capitales y mejorar la transparencia de las transacciones electrónicas, especialmente en un contexto donde el uso de medios de pago digitales no ha dejado de crecer.

El proyecto normativo, tras su paso por el proceso de información pública, se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado. Una vez emitido dicho dictamen, se espera que el Consejo de Ministros apruebe formalmente el decreto, lo que permitirá su pronta entrada en vigor. Con esta nueva regulación, Hacienda refuerza su papel como garante de la equidad fiscal, adaptándose a las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas del país.