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Atrás quedaron los días en que Andorra era sinónimo de refugio fiscal para influencers, youtubers y profesionales digitales. Durante años, figuras del mundo online eligieron el pequeño país de los Pirineos como destino para pagar menos impuestos y consolidar su residencia fiscal fuera de España, disfrutando de ventajas tributarias respecto a otros países europeos. Pero ahora, esa dinámica está en plena transformación.
El Parlamento de Andorra ha aprobado una nueva legislación migratoria y fiscal que eleva drásticamente los requisitos financieros para quienes quieran fijar allí su residencia permanente, un cambio que convierte lo que era una opción atractiva en un proyecto que muchos ya califican de inaccesible para la mayoría de influencers y profesionales digitales.
Andorra endurece las condiciones para fijar residencia fiscal
Hasta hace poco, los requisitos para establecer residencia fiscal en Andorra eran relativamente accesibles para personas con alto poder adquisitivo: demostrar una estancia mínima en el país y cumplir con ciertas exigencias económicas.
El sistema ofrecía impuestos personales bajos, con un tipo máximo del 10% en el IRPF y ausencia de impuestos sobre donaciones o patrimonio, y la posibilidad de disfrutar de una fiscalidad favorable sin grandes barreras de entrada.
Ese atractivo, sumado a la cercanía cultural y geográfica con España y Francia, hizo que muchos creadores de contenido y “nómadas digitales” consideraran Andorra como su residencia fiscal. Sin embargo, el nuevo marco legal aprobado el 22 de enero de 2026 impone cambios significativos que transforman radicalmente las condiciones de entrada al país.
El principal de ellos es que los futuros residentes deberán realizar una inversión mínima de 1 millón de euros en activos andorranos, que puede ser a través de bienes inmuebles, participaciones en empresas, instrumentos financieros u otros activos considerados válidos por las autoridades.
Además, la ley elimina los depósitos reembolsables que existían anteriormente y lo sustituye por pagos definitivos al Estado (50.000 euros para el solicitante principal y 12.000 euros para cada dependiente) que no se recuperan incluso al renunciar a la residencia en el futuro.
Esta estructura convierte el proceso en algo mucho más exclusivo y costoso, elevando el umbral de entrada a cifras que rondan los 1,2 millones de euros o más para familias o creadores que buscan residir en el Principado.
El cambio responde, según autoridades andorranas, a la necesidad de controlar el crecimiento demográfico y proteger el acceso a vivienda, además de ajustar el modelo fiscal hacia una élite de alto poder adquisitivo que realmente pueda sostener su proyecto de vida en el país sin distorsionar la economía local.
Qué implican los nuevos requisitos para influencers y creadores
La decisión parlamentaria no ha tardado en generar reacciones. Para muchos influencers, streamers y creadores digitales que hasta ahora consideraban Andorra un destino fiscal viable, las nuevas condiciones implican un cambio de estrategia a la hora de planificar su residencia fiscal.
En la práctica, ya no basta con demostrar una estancia mínima de días en el Principado o abrir una cuenta bancaria allí: se exige una inversión sustancial y permanente que sitúa el proceso fuera del alcance de muchos profesionales de internet.
Este endurecimiento se produce en paralelo a otros factores que complican la vida en Andorra para los recién llegados, como el aumento del coste de la vivienda y la presión sobre el mercado inmobiliario local.
Según informes recientes, las autoridades pretenden evitar que la llegada masiva de residentes extranjeros desemboque en una escalada insostenible de precios y reduzca la disponibilidad de viviendas para la población local.
Para quienes ya han fijado su residencia antes de la entrada en vigor de la ley, las nuevas condiciones no se aplicarán retroactivamente, pero sí afectarán a todas las nuevas solicitudes de residencia fiscal. Esto crea una situación en la que algunos creadores consagrados mantienen su estatus, mientras que las nuevas incorporaciones al club del “refugio fiscal” encuentran puertas más cerradas.
El cambio también coincide con una conversación más amplia sobre ética fiscal y responsabilidad social de los influencers. En años recientes, figuras muy seguidas en redes han sido criticadas en España por trasladar su residencia al extranjero para pagar menos impuestos, aunque cumplieran con la legalidad vigente. La percepción de que estos traslados perseguían únicamente la optimización fiscal ha generado debate sobre la moralidad de estas decisiones y su impacto en las arcas públicas de sus países de origen.
Qué alternativas tienen quienes pensaban mudarse
Con estos nuevos requisitos, muchos de los que tenían planes de trasladarse a Andorra, o que estaban empezando a considerar esa opción tras ver casos de otros creadores, tendrán que replantear su estrategia fiscal y de residencia. La primera alternativa para algunos es aplazar la decisión hasta conocer cómo se desarrollan las interpretaciones normativas, especialmente en lo relativo a la aplicación de inversiones en activos distintos de bienes inmuebles.
Otra opción es explorar otras jurisdicciones europeas o fuera de la Unión Europea con marcos fiscales más flexibles o con requisitos de entrada menos estrictos, aunque estos destinos pueden implicar otros desafíos, como distancias mayores, barreras culturales o requisitos de visado más complejos.
Algunas figuras públicas también han optado por asumir un enfoque más transparente en relación con su residencia fiscal, permaneciendo en España o su país de origen y aceptando la carga impositiva como parte de su responsabilidad social y profesional.
Para quienes siguen interesados en el modelo andorrano, la nueva legislación también contempla un Fondo de la Vivienda que permite reducir el umbral de inversión a 400.000 euros, aunque esta vía también exige que la inversión se realice de manera permanente y efectiva en el sistema andorrano, y que el solicitante cumpla con todos los demás requisitos de residencia fiscal.
Hay también opciones como la residencia activa, que permiten establecerse en el país bajo condiciones diferentes, aunque estos regímenes tienen sus propias exigencias y no siempre implican beneficios fiscales tan significativos como la residencia pasiva tradicional.
El panorama ha cambiado: lo que hasta hace poco era un destino fiscal accesible para muchos creadores de contenido españoles y europeos se ha convertido en un club exclusivo con barreras económicas altas. La nueva Andorra busca equilibrar su atractivo fiscal con la sostenibilidad social y económica, un giro que redefine la percepción de este pequeño Estado como “paraíso fiscal” para siempre.
