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La Comisión Europea abrió este miércoles un procedimiento de infracción a España y otros siete países por no haber adoptado las nuevas normas relativas a los pagos instantáneos, que permiten que entidades no bancarias participen en los sistemas de pago.
El Ejecutivo comunitario explicó que los Estados disponen de dos meses para informar sobre las medidas que adoptarán para incorporar las reglas a su legislación nacional. Si no lo hacen, Bruselas podría avanzar en un expediente que, en última instancia, permitiría llevar a los países ante la Justicia europea.
Las normas europeas sobre pagos instantáneos
El expediente afecta a España, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Rumanía, que no han implementado las modificaciones exigidas por la Directiva sobre la firmeza de la liquidación y la Segunda Directiva sobre servicios de pago. Estas disposiciones fueron incluidas en el nuevo Reglamento sobre pagos instantáneos aprobado en 2024.
El texto busca abrir los sistemas de pago europeos a proveedores no bancarios, como las instituciones de pago o las entidades de dinero electrónico. Según explicó la Comisión Europea, "las modificaciones garantizan que estos proveedores de servicios de pago no bancarios puedan liquidar los pagos de forma eficiente y competitiva al prestar servicios como los pagos instantáneos a sus clientes".
El objetivo principal es ampliar la competencia en el mercado financiero y reducir los costos para consumidores y empresas dentro de la Unión Europea.
¿Qué exige la nueva normativa?
El nuevo marco sobre pagos instantáneos obliga a bancos y proveedores de pago en la UE a ejecutar transferencias en euros en menos de diez segundos, incluso entre Estados miembros. Además, deben ofrecer estos servicios al mismo precio que las transferencias tradicionales.
Este cambio representa un paso clave hacia la integración de los sistemas financieros europeos y la modernización de los métodos de pago digitales. Según Bruselas, la adopción de esta normativa permitirá "mejorar la eficiencia del mercado y fortalecer la confianza de los consumidores en los pagos electrónicos".
¿Qué consecuencias enfrentará España?
De no adaptar su legislación, España podría enfrentarse a sanciones o a una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tipo de procedimientos busca garantizar que todos los países cumplan de forma homogénea con las reglas del mercado único.
El retraso en la implementación preocupa a las instituciones europeas, que consideran los pagos instantáneos una herramienta fundamental para acelerar la digitalización del sistema financiero.
