Para incentivar la llegada de figuras internacionales, en 2005 entró en vigor el Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados, rápidamente conocido como 'Ley Beckham'. Su objetivo era claro: ofrecer condiciones tributarias ventajosas a trabajadores extranjeros altamente cualificados que se trasladaran a España.

Sin embargo, un informe elaborado por abogados internacionales de Amsterdam & Partners abrió un escándalo. El autor principal, Robert Amsterdam, junto a Christopher Wales -ex responsable fiscal del gobierno de Tony Blair-, denuncian que Hacienda ha creado un "clima de miedo" mediante "prácticas abusivas" contra los beneficiarios de esta ley.

¿Qué es la 'Ley Beckham' en España y quién puede beneficiarse?

Corría julio de 2003 cuando el Real Madrid anunciaba el fichaje de David Beckham. El astro británico brillaba en el campo, pero también su imagen le reportaba ingresos millonarios que, como cualquier residente fiscal español, debía tributar en su totalidad en España.

La carga fiscal no era menor: quien supera los 300.000 euros anuales debe afrontar un 47% en impuestos, algo que afectaba directamente al futbolista.

La 'Ley Beckham' permite a los extranjeros tributar únicamente por sus ingresos generados en España, aplicando una tarifa fija del 24% hasta los 600.000 euros anuales. Sin embargo, no todos pueden acogerse:

• Trabajadores extranjeros recién trasladados a España.

• Expatriados con altos cargos de dirección o gestión.

• Administradores de empresas desplazados al país.

Quedan fuera de este régimen los trabajadores autónomos, deportistas profesionales y directores de entidades empresariales.

Con el paso del tiempo, la ley fue endureciéndose. Hoy los deportistas, como Beckham en su momento, ya no pueden acogerse, y para muchos profesionales extranjeros, las condiciones actuales son mucho menos atractivas.

El conflicto entre la Hacienda española y abogados internacionales

La polémica reciente surge a raíz del informe "Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham", presentado y elaborado por el bufete Amsterdam & Partners.

Europa Press accedió a este informe y reveló que su autor, Robert Amsterdam, junto a Christopher Wales, denuncian a Hacienda por haber creado un "clima de miedo" mediante "prácticas abusivas" contra los beneficiarios de esta ley.

Durante la presentación, los expertos señalaron que:

• Se han iniciado investigaciones retrospectivas inesperadas.

• Existen incentivos para que los inspectores fiscales recauden más impuestos.

• Las sanciones impuestas son sustanciales y, a menudo, desproporcionadas.

Wales advirtió que si no se introducen reformas que refuercen la seguridad jurídica, la 'Ley Beckham' podría dejar de cumplir su cometido de atraer talento internacional.

La respuesta de Hacienda y las cifras oficiales

Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha respondido. Según sus cifras, en los últimos diez años cerca de 37.000 contribuyentes optaron por este régimen, de los cuales solo el 0,5% ha sido objeto de inspección.

Además, de las inspecciones finalizadas:

• El 70% terminó con un acta de conformidad o acuerdo.

• Solo el 30% derivó en reclamaciones o recursos.

Hacienda insiste en que los inspectores no reciben comisiones por recaudar impuestos adicionales, sino que su complemento de productividad no guarda relación directa con los resultados de los expedientes.

A pesar de las quejas, la Agencia Tributaria subraya que algunas inspecciones han revelado irregularidades graves, como:

• La creación de sociedades ficticias en España para aplicar el régimen solo el año de grandes ganancias extranjeras.

• Contratos laborales simulados para justificar la residencia fiscal española.

• Casos extremos de delitos fiscales, ya denunciados formalmente.

Desde Amsterdam & Partners piden transparencia sobre las cifras de inspección y acusan a Hacienda de vulnerar el Estado de Derecho. Planean presentar acciones legales en España, y también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de elevar quejas formales a la Comisión Europea.