Fuente: Shutterstock
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa un nuevo proyecto de ley que podría transformar radicalmente el mercado de alquiler turístico en el país. Se trata de una propuesta impulsada por el PSOE que busca enfrentar tres desafíos centrales: el aumento de pisos turísticos, la compra especulativa de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y la escasa oferta de alquiler a precios asequibles.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el proyecto representa una "respuesta legal concreta" al que definió como un "SOS habitacional", y destacó que se trata de un compromiso asumido por Sánchez a comienzos de este año.
Con el propósito de hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar y no "un negocio para unos cuantos", el plan que ha desarrollado el Ejecutivo gira en torno a tres objetivos: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas". Por ello, el presidente en funciones ha elaborado un paquete de 12 medidas históricas, entre las que se destaca la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos.
Según informa Europa Press, el objetivo de la formación es que estas viviendas tributen como una actividad económica, buscando así equiparar su fiscalidad al resto de sectores con fines lucrativos.
En este contexto, surge la pregunta de si puede considerarse esta medida una penalización fiscal desproporcionada, teniendo en cuenta que otros sectores turísticos tributan al 100%, o si esta subida del IVA podría reducir la oferta turística. El Cronista Españaconsultó con un especialista en real estate para atender a estas preguntas.
El Gobierno busca subir impuestos a todos los alquileres turísticos
A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo aseguró que el plan incluye una ambiciosa reforma fiscal que equiparará la tributación de los pisos turísticos a la de otras actividades económicas y modificará el régimen de ventajas fiscales de las SOCIMIS, limitándose exclusivamente a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación entre expertos legales. Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho Golden Partners, advierte que esta medida podría considerarse una "penalización fiscal" con consecuencias adversas: "Equiparar el alquiler turístico al tipo general del 21% rompe la neutralidad fiscal del sistema tributario. La hostelería se beneficia del tipo reducido (10%) por su impacto económico, y no hay justificación sólida para excluir a los arrendadores turísticos de ese mismo trato".
Desde el punto de vista jurídico, el experto sostiene que esta diferencia de trato podría vulnerar los principios de igualdad y neutralidad frente al IVA.
"Puede provocar una reducción de la oferta formal, un repunte de la economía sumergida y un trasvase artificial de la demanda hacia la industria hotelera, afectando negativamente al turismo residencial, que tiene especial relevancia en regiones como Baleares o la Costa del Sol", asegura Sánchez.
IVA del 21% a los alquileres turísticos: qué cambia
La propuesta llega tras un año de récord turístico y con las Islas Baleares y Canarias rozando el 50% de su parque inmobiliario destinado a visitantes. Según información de EFE, el Banco de España cifra en 450.000 las viviendas que faltan para satisfacer la demanda residencial, mientras que los precios de alquiler suben dos dígitos.
El Ejecutivo socialista afirma que gravar la renta vacacional devolverá parte de esos inmuebles al mercado tradicional.
Sin embargo, los propietarios y las plataformas anuncian resistencia. Airbnb advierte de la pérdida de 400.000 empleos y 30.000 millones de euros si la norma se aprueba. Para los hoteleros, en cambio, el proyecto "nivelará el terreno de juego" y pondrá fin a una competencia que califican de desleal.
