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En esta noticia
- Andalucía, Asturias y otras comunidades denuncian la ruptura del modelo multilateral
- Hacienda, inspectores y técnicos: entre el modelo federal y el riesgo constitucional
- Sumar celebra el debate pero alerta sobre el dumping fiscal
- Cataluña defiende su singularidad y aspira a gestionar todos los impuestos
El anuncio de una financiación singular para Cataluña, que permitirá a la comunidad recaudar todos los impuestos y transferir una parte al Estado, desató una ofensiva política del Partido Popular. El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que el acuerdo representa un retroceso institucional y económico. "El siguiente paso para alargar la agonía de Pedro Sánchez", sostuvo en rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Dirección del partido.
Sémper fue más allá y denunció que el nuevo esquema rompe la cohesión del sistema fiscal nacional. "Rompe la equidad, supone la compra del silencio de los socios del Gobierno ante la corrupción con el dinero de todos y será oxígeno para Sánchez pero asfixia en los bolsillos de todos los españoles", sentenció. Según su interpretación, la prioridad del Gobierno no es corregir desequilibrios financieros, sino asegurar su supervivencia política.
El dirigente popular aseguró que su formación "no dejará ningún camino por recorrer para restaurar la equidad entre todos los españoles". Advirtió que el PP "no descarta ninguna de las vías que permite el ordenamiento jurídico y su capacidad política" y reafirmó que un futuro Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo actuará con una lógica de reparto común: "Lo que es de todos, se negociará entre todos".
En sintonía con esa línea crítica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, endureció el tono al calificar el acuerdo como "una sentencia de muerte contra España".
En una conferencia convocada de urgencia, denunció que el pacto "rompe la caja común" y constituye un "atraco a la nación". Aseguró que "regala casi 25.000 millones de euros al independentismo catalán" y que las consecuencias serán directas para la economía madrileña: "Madrid va a tener verdaderos problemas para pagar nóminas".
Andalucía, Asturias y otras comunidades denuncian la ruptura del modelo multilateral
El malestar por el nuevo esquema de financiación no se limita a Madrid. Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno aseguró que su comunidad "hará valer su fuerza para combatir el cupo separatista". A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario andaluz calificó el acuerdo como "un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad".
El presidente de la Junta lamentó que el pacto erosiona la igualdad territorial y genera un trato preferencial que perjudica a regiones como Andalucía. Según el modelo pactado, la Generalitat gestionará todos los impuestos generados en Cataluña y luego transferirá una parte al Estado. Para Moreno, esto representa un paso hacia la desconexión fiscal: "Es un paso más para sacar el Estado de Cataluña".
En el norte del país, el Principado de Asturias también expresó su rechazo formal. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, afirmó que "lo que afecta a todas las comunidades autónomas debe negociarse entre todas las comunidades autónomas", exigiendo una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Peláez señaló que el acuerdo "parece sentar las bases de la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común", y adelantó que si implica perjuicios para Asturias, votarán en contra.
Tanto en el sur como en el norte, se repite una misma preocupación: el temor a que Cataluña obtenga ventajas fiscales estructurales a través de una negociación bilateral sin consenso nacional. Esta preocupación se amplifica por la ausencia de detalles técnicos en el pacto, como el porcentaje de solidaridad interterritorial o el reparto definitivo del IRPF.
Hacienda, inspectores y técnicos: entre el modelo federal y el riesgo constitucional
La dimensión económica del pacto fiscal fue evaluada por los propios funcionarios del sistema tributario. La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertó que el acuerdo "pone las bases de un modelo tributario federal". Según sus estimaciones, cuando la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación completa del IRPF, gestionará hasta 38.238 millones de euros en 2026, frente a los 5.238 millones actuales.
Además, Gestha destacó que el modelo implica una cesión progresiva de competencias fiscales que requerirá reformas legales profundas. "El Gobierno tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad", señalaron.
Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado fue más contundente y calificó el acuerdo como ilegal: "Mientras no se modifique la normativa, se trata de un régimen ilegal, que vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución". Advirtieron además que si el modelo se generaliza, "supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria".
Ambas entidades coinciden en que la implementación de este esquema podría llevar a una doble administración tributaria en el país, con una reducción de fondos para el Estado central y un efecto colateral sobre los servicios públicos del resto de las comunidades.
Sumar celebra el debate pero alerta sobre el dumping fiscal
Desde el espacio político de Yolanda Díaz, Sumar interpretó el acuerdo como una oportunidad para rediscutir el sistema de financiación en todo el país. La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, valoró positivamente la bilateral con la Generalitat, al considerar que "abre un debate sobre la imprescindible reforma del sistema de financiación autonómica".
En ese contexto, Hernández señaló tres prioridades: dotar de más recursos a las comunidades autónomas, redistribuirlos mejor y frenar el dumping fiscal. Acusó a comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, de aplicar una competencia tributaria desleal que perjudica al resto del sistema. "Haciendo que aporten más los que más tienen, se combate la infrafinanciación que sufren muchas regiones", planteó.
A pesar de su apoyo al debate, fuentes de Sumar señalaron que el documento del acuerdo es "ambiguo y genérico" y negaron que se trate de un privilegio para Cataluña. "Los acuerdos que se han dado entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado en materia fiscal siempre han sido una puerta que ha abierto el debate con respecto al sistema de financiación en otras comunidades autónomas", dijo Hernández.
Sumar considera que la discusión debe derivar en una reforma estructural y multilateral del modelo vigente, caducado desde 2014, aunque reconocen que habrá tensiones internas, ya que dentro del grupo parlamentario conviven distintas fuerzas con visiones diversas.
Cataluña defiende su singularidad y aspira a gestionar todos los impuestos
Desde la Generalitat, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, celebró el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo nacional, asegurando que "podemos caminar más rápido, pero lo importante es que avanzamos".
El pacto contempla que la ATC gestione todos los impuestos y luego transfiera al Estado una parte, lo que mantendría el principio de ordinalidad para que la comunidad no pierda posiciones tras su contribución solidaria.
El conseller de Economía, junto con la ministra de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que se abrirá una negociación técnica en varias comisiones paritarias. El objetivo es definir los porcentajes de recaudación y la contribución solidaria antes de fin de año. "El pacto contempla una aportación solidaria y transparente de Cataluña al sistema", explicó Torres.
Aunque la Generalitat aspiraba a gestionar de forma exclusiva el IRPF ya en 2026, fuentes del Govern admitieron que "la Agencia Tributaria de Cataluña no dispone de medios para poderlo hacer en solitario". Por ello, se contempla una gestión en red con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con colaboración mutua durante los próximos años.
Desde Junts per Catalunya, sin embargo, se mostraron decepcionados. Antoni Castellà señaló que el pacto actual es solo "un acuerdo de gestión administrativa" y que "es profundamente decepcionante" al no recuperar el déficit fiscal estimado en 22.000 millones. Reafirmó que "todo lo que se aleje del concierto económico no tendrá nuestro apoyo".
