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El Gobierno ha decidido aprobar un decreto exclusivo para la subida de las pensiones, desvinculándolo del paquete de medidas sociales que inicialmente se tramitaban de forma conjunta. La decisión busca asegurar la revalorización de las pensiones en un contexto de negociaciones complejas en el Congreso y de apoyos parlamentarios fragmentados.
La medida llega después de que el Ejecutivo asumiera que el llamado decreto ómnibus no contaba con los respaldos suficientes para salir adelante en su totalidad. Mientras que la actualización de las pensiones reúne un consenso más amplio, otras cuestiones como las medidas vinculadas a los desahucios y el escudo social generan mayores resistencias, lo que llevó al Gobierno a dividir ambos textos para evitar un bloqueo general.
El Gobierno aprueba un decreto específico para subir las pensiones
El nuevo decreto se centra exclusivamente en garantizar la subida de las pensiones contributivas y no contributivas, conforme al marco legal que vincula su actualización a la evolución de los precios. Con esta fórmula, el Ejecutivo busca cumplir con los compromisos adquiridos tanto a nivel interno como con las instituciones europeas, evitando retrasos que afectarían a millones de pensionistas.
Desde el punto de vista político, la separación del texto permite despejar el camino parlamentario para una medida con alto impacto social y amplio respaldo, incluso entre formaciones que discrepan de otras políticas del Ejecutivo. La revalorización de las pensiones se presenta como una prioridad que el Gobierno intenta aislar del resto de la negociación legislativa.
Además, el decreto pretende ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad a los pensionistas, en un momento en el que la incertidumbre política había comenzado a generar dudas sobre los plazos y el alcance de la actualización.
A quiénes afecta la subida de las pensiones incluida en el decreto
La norma afecta tanto a los beneficiarios de pensiones contributivas, como jubilación, incapacidad permanente o viudedad, como a quienes perciben pensiones no contributivas, que dependen en mayor medida del apoyo público.
El impacto de la revalorización es especialmente relevante para los hogares con menor renta, dado que las pensiones constituyen su principal o única fuente de ingresos. Por este motivo, el Gobierno ha subrayado que la actualización es una medida de protección del poder adquisitivo, en un contexto económico todavía marcado por la inflación acumulada de los últimos años.
Aunque el decreto no introduce cambios estructurales en el sistema, sí consolida el principio de que las pensiones deben ajustarse de forma periódica para evitar pérdidas reales de ingresos, un eje central de la reforma del sistema aprobada en ejercicios anteriores.
Por qué el Ejecutivo decidió separar el decreto de pensiones del de desahucios
La decisión de tramitar un decreto exclusivo para pensiones responde a una estrategia política y parlamentaria. Mientras que la revalorización cuenta con apoyos suficientes para su convalidación, el bloque de medidas relacionadas con los desahucios y otras protecciones sociales concentra la mayor parte de las discrepancias entre los grupos.
Al separar ambos textos, el Gobierno evita que la subida de las pensiones quede condicionada a negociaciones más complejas y prolongadas. El decreto sobre desahucios seguirá su propio recorrido, con un calendario y una negociación específica, pero sin poner en riesgo una medida considerada prioritaria.
Esta división también permite al Ejecutivo ordenar el debate público, clarificando qué medidas están destinadas a los pensionistas y cuáles forman parte del escudo social, dos ámbitos con impactos y audiencias distintas.
Cuándo entrará en vigor la subida de las pensiones
El objetivo del Gobierno es que el decreto de pensiones sea aprobado y convalidado en el corto plazo, de modo que la revalorización pueda aplicarse sin retrasos. La tramitación separada facilita este calendario y reduce el riesgo de prórrogas o bloqueos parlamentarios.
Una vez en vigor, la actualización tendrá efectos directos sobre las cuantías que perciben los pensionistas, reforzando el mensaje de que las pensiones quedan al margen de la incertidumbre política y se mantienen como una de las piezas centrales del Estado del bienestar.