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El pasado 28 de abril de 2025 España se quedó a oscuras. Si bien nunca hubo por parte de las autoridades una explicación final sobre lo sucedido, y menos aún se tomaron medidas drásticas contra los responsables, la realidad comenzó a imponerse sobre la ideología: las energías renovables sí necesitan el acompañamiento de otro tipo de energía, como la nuclear.
Lo cierto es que, a partir de ese momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, que había decidido cerrar las centrales nucleares en funcionamiento, comenzó a matizar su discurso. Y hoy pegó el giro definitivo.
El Ejecutivo decidió extender la vida de la central nuclear de de Almaraz-Trillo, en Extremadura, hasta el 8 de junio de 2030, según publicó este viernes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La orden publicada por el ministerio a cargo de Sara Aagesen, modifica el calendario que contemplaba el cierre de los dos reactores de la central extremeña, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
En concreto, queda sin vigencia el calendario que establecía el fin de la vida útil de la primera unidad para noviembre de 2027 y de la segunda en octubre de 2028.
Los motivos detrás de la decisión del Gobierno
La CNAT, la empresa conjunta de las eléctricas para la gestión de Almaraz y Trillo, solicitó en octubre de 2025 prolongar ambas autorizaciones hasta junio de 2030, una petición que finalmente recibió el visto bueno del Gobierno.
Tal como reconoce el ministerio, la decisión llega después del informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 16 de julio.
En efecto, el regulador consideró viable la renovación solicitada siempre que la explotación de la central se mantenga sometida a los límites y condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica establecidos en su informe.
Asimismo, el CSN había supervisado de manera continuada el funcionamiento de Almaraz durante el periodo de vigencia de su autorización anterior.
En qué consiste la extensión antes del cierre
En la orden se explica que el cambio implica añadir alrededor de 31 meses de funcionamiento a la primera unidad y 19 meses a la segunda respecto a la hoja de ruta actualmente vigente.
También aclara que se trata de una extensión limitada que no modifica el objetivo de cierre del conjunto del parque nuclear español en 2035.
“Dado su carácter limitado, en el escenario de sensibilidad sobre el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) analizado, la extensión solicitada no compromete la contribución de España al objetivo de renovables en el marco europeo al mantenerse el objetivo de energías renovables sobre el uso final de energía por encima de los umbrales fijados por la Unión Europea”, aclara el Ministerio de Transición Ecológica.
Argumenta, además, que, en línea con lo identificado en los análisis propios y de terceros, la extensión limitada en este periodo contribuye de manera coyuntural a moderar la exposición del sistema eléctrico y los consumidores españoles a unos picos de precios no previstos anteriormente.
En concreto, el Gobierno denuncia que esos picos proceden de los mercados internacionales de gas natural, “mientras continúan desplegando sus efectos las distintas medidas adoptadas para el impulso de las energías renovables y del almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que supone la dependencia exterior de los combustibles fósiles”.
Así las cosas, y si se cumple la predicción gubernamental, la extensión limitada y acotada del periodo de explotación de Almaraz deberá facilitar la mayor implicación de las empresas propietarias en alternativas industriales y de empleo en el territorio.
Las obligaciones del propietario
Con al menos un año de antelación al 8 de junio de 2030, el titular de la central deberá justificar la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación a que deben ajustarse las operaciones a realizar en la instalación desde el cese de la explotación hasta la concesión de la autorización de desmantelamiento.
La CNAT, además, colaborará con Enresa en las tareas preparatorias del desmantelamiento, siguiendo las normativas sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes.
Por otra parte, los titulares de la central nuclear deberán comprometerse a almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido, de acuerdo con los límites y condiciones técnicas contenidas en el Estudio de Seguridad de la Recarga de cada ciclo y con los límites y condiciones asociadas a las Autorizaciones específicas de almacenamiento de combustible fresco e irradiado.
Asimismo, les corresponde poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y las fuentes de radiación necesarias para la explotación de la instalación.
¿Cómo influyó Oriente Medio en la decisión?
El Gobierno asegura que la crisis en Oriente Medio supuso una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural.
Punto seguido, destaca que, según indican organismos internacionales, el contexto geopolítico y los daños en infraestructura de producción y exportación de combustibles extienden el riesgo y la incertidumbre a los próximos años.
“A pesar de estar España más preparada gracias a los avances que se llevaron a cabo en transición energética, este contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente”, justifica el ministerio la extensión del plazo de Almaraz-Trillo.
Sumar se opone a la orden ministerial
Mientras el Partido Socialista, los populares y Vox apoyan la iniciativa gubernamental, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, acusó al PSOE de incumplir el acuerdo de coalición de gobierno firmado por ambas agrupaciones políticas en ocasión de las elecciones de 2023.
“Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo”, declaró el ministro de Cultura, y miembro de Sumar, Ernest Urtasun.
Según Urtasun, los socialistas cedieron a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica, y añadió que la prórroga “envía un mensaje equivocado en plena transición energética porque frena el despliegue de las renovables”.
En tanto, la presidenta de la junta de Extremadura, María Guardiola (PP), no ocultó su satisfacción por una decisión “que da certidumbre a una comarca, que protege miles de empleos y que mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas fue fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella”.
