Aunque los datos oficiales del Tesoro reflejan una deuda pública del 107,7% del Producto Bruto Interno (PBI), el Banco de España advierte que los compromisos financieros reales del Estado son mucho mayores.

Según un informe del organismo monetario, la cifra correcta ronda el 115% del PIB, lo que equivale a casi 95.000 millones de euros adicionales de obligaciones no reconocidas formalmente.

Este diferencial surge al consolidar pasivos de empresas y organismos dependientes del sector público que, aunque no figuran en el cálculo tradicional, terminan impactando en la salud fiscal del país.

El dato más alarmante es que, si se incluyen también las deudas de entes públicos no financieros, el endeudamiento total alcanza un 141,5% del PIB.

Esta diferencia entre lo declarado y lo real compromete la credibilidad de las cuentas públicas y plantea dudas serias sobre la capacidad del Estado para sostener en el tiempo su estructura de gasto, incluyendo el sistema previsional.

En un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del gasto en pensiones, esta deuda implícita se transforma en una amenaza directa para su financiamiento futuro.

¿Qué diferencia hay entre deuda explícita e implícita y por qué importa para las pensiones?

La deuda explícita es la que figura en las estadísticas oficiales: emisiones de bonos, préstamos del Tesoro o compromisos con organismos internacionales.

Por el contrario, la deuda implícita agrupa todas aquellas obligaciones futuras que el Estado asume sin haber emitido aún deuda formal, como las promesas de pago en pensiones, asistencia sanitaria o prestaciones sociales que dependen de impuestos futuros. Aunque no aparezca en los balances públicos, esta deuda es real y condiciona seriamente las políticas fiscales a largo plazo.

En el caso de las pensiones, la deuda implícita es particularmente relevante. El sistema actual, de reparto, se financia con los aportes de los trabajadores activos.

Pero si la pirámide poblacional se invierte -como ya ocurre en España- y no se ajusta la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo o la base de aportantes, el Estado deberá cubrir el déficit previsional con más deuda o más impuestos. De ahí que los economistas insistan en calcular esta obligación futura como parte del endeudamiento total.

¿Está en riesgo la sostenibilidad fiscal del sistema previsional?

La advertencia del Banco de España no deja mucho margen para la complacencia. La sostenibilidad fiscal, entendida como la capacidad del Estado para mantener su nivel de gasto sin comprometer su solvencia, está bajo presión.

Con una deuda consolidada del 114,1% del PIB y un crecimiento del gasto corriente, el margen para afrontar shocks económicos o crisis demográficas se reduce.

Las pensiones, que representan cerca del 12% del PIB, están en el centro de este desafío. Si la deuda sigue creciendo al ritmo actual sin una reforma estructural del sistema previsional y sin medidas para mejorar la eficiencia del gasto, el pago futuro de jubilaciones podría verse comprometido.

No se trata solo de un problema contable, sino de una cuestión política de largo alcance que afecta a millones de ciudadanos.