El Gobierno español ha presentado a los agentes sociales una propuesta de reforma del complemento de brecha de género en las pensiones. El nuevo esquema limitaría el acceso a esta prestación al progenitor que pueda probar que la llegada de un hijo afectó de manera directa su carrera profesional, ya sea por una interrupción temporal en el empleo o por una merma en los ingresos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca dar respuesta a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que por segunda vez ha considerado que el diseño actual discrimina a los hombres.

Hasta ahora, el complemento se otorgaba principalmente a las mujeres, dado que se priorizaba a quien percibiera una pensión más baja, algo que Bruselas calificó como trato desigual.

¿Qué cambios introduce el nuevo complemento propuesto?

El borrador presentado por el Ministerio de Inclusión establece que el complemento solo podrá cobrarse si se acredita un perjuicio profesional objetivo vinculado al nacimiento o adopción.

Para ello, el solicitante deberá cumplir al menos una de tres condiciones:

• Haber pasado más de tres meses sin cotizar entre los nueve meses previos y los seis años posteriores al nacimiento.
• Haber reducido un 10 % sus bases de cotización en los dos años siguientes al parto respecto a los dos anteriores
• Haber cotizado menos de 180 días antes del nacimiento o adopción.

Además, el Gobierno plantea que solo uno de los dos progenitores pueda cobrar el complemento por cada hijo, otorgándolo inicialmente al primero que lo solicite y cumpla los requisitos.

En caso de que ambos los reúnan, el beneficio recaerá en quien tenga la pensión más baja. Con esta fórmula, el Ejecutivo intenta eliminar la referencia explícita a las mujeres, aunque el objetivo final sigue siendo reducir la brecha de género, que ronda los 500 euros mensuales en las pensiones contributivas.

¿Por qué Europa exige esta modificación del sistema?

El TJUE ha dictaminado en dos ocasiones que el complemento español vulnera la directiva comunitaria sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres.

En su última sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo argumentó que, pese a las reformas introducidas en 2021, el sistema seguía otorgando a las mujeres una ventaja automática, lo que constituía una forma de discriminación indirecta hacia los hombres.

Para responder a este fallo, el Gobierno busca un modelo que, sin renunciar a compensar el impacto de la maternidad en la carrera laboral, se base en criterios verificables y neutrales desde el punto de vista del género.

Actualmente, el complemento asciende a 35,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro, y lo perciben más de 1,1 millones de pensionistas, de los cuales el 85 % son mujeres.

Con este cambio, el Ejecutivo espera garantizar el cumplimiento de las exigencias europeas y mantener la finalidad compensatoria del complemento, adaptándolo a los principios de igualdad y equidad laboral en el sistema de pensiones.