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Barcelona está a punto de vivir uno de los cambios más radicales de su historia en cuanto a mercado de alquiler. Después de años de debate sobre el turismo y la gentrificación, el Ayuntamiento ha decidido cortar por lo sano: en noviembre de 2028 caducarán todas las licencias de viviendas de uso turístico (HUT) y no se renovará ninguna.
La medida, anunciada por el alcalde Jaume Collboni, afectará a más de 10.000 pisos turísticos legales y podría transformar por completo el mercado del alquiler en la ciudad.
El objetivo, según el consistorio, es claro: recuperar estos pisos para destinarlos a residencia habitual y combatir el aumento del precio del alquiler, que sigue tensionando el mercado barcelonés.
Esta decisión histórica se acompaña de otras medidas como la creación de un registro único de alquiler turístico que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, pensado para controlar mejor las viviendas que se alquilan a turistas y acabar con las ilegales.
Mientras tanto, el debate social y económico no se hace esperar: por un lado, quienes celebran que Barcelona recupere viviendas para los vecinos y, por otro, quienes temen un impacto directo en el turismo, el comercio y el empleo.
Barcelona no renovará licencias de pisos turísticos
La medida fue confirmada por el propio alcalde. "Queremos devolver estos pisos al parque residencial y facilitar el acceso a la vivienda para los vecinos y vecinas de Barcelona", explicó Jaume Collboni. Según el consistorio, la iniciativa forma parte de una estrategia global para contener la gentrificación y repensar el modelo turístico de la ciudad.
El Ayuntamiento trasladó esta decisión al presidente de Airbnb,Brian Chesky. Aunque la plataforma no se ha pronunciado oficialmente, se espera un encuentro clave para definir la futura relación entre la empresa y la ciudad.
A partir del 1 de julio de 2025, todos los propietarios que quieran alquilar viviendas a turistas deberán inscribir sus alojamientos en un registro único de alquiler turístico, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona.
Este sistema busca "dar un salto hacia adelante en el control de la oferta ilegal de pisos turísticos", según explicó el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls. Los propietarios que no cumplan con la normativa se arriesgan a multas, cierres de negocio y la obligación de regularizar sus pisos.
El registro pretende ofrecer más transparencia para turistas y vecinos, garantizando que los alojamientos cumplan requisitos de seguridad, higiene y calidad.
Impacto económico: ¿qué dicen los expertos?
La decisión de Barcelona ha abierto un fuerte debate económico. Según el informe de PwC titulado "Impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona", esta medida podría poner en riesgo: 1928 millones de euros anuales, equivalente al 1,9 % del PIB total de la ciudad; 14,5 % del PIB turístico local; y más de 40.000 empleos en sectores como restauración, comercio, ocio y cultura.
El mismo documento destaca que, por cada euro generado directamente por los apartamentos turísticos Airbnb, se producen 3,5 euros adicionales en la economía local.
El informe de PwC descarta que los apartamentos turísticos sean responsables principales del aumento del precio del alquiler. Entre 2014 y 2023, "el precio del alquiler por metro cuadrado aumentó un 72 %, mientras que el número de apartamentos turísticos Airbnb creció solo un 2,2 %".
Además, recuerda que desde 2014 se han limitado nuevas licencias y eliminado más de 6.000 alojamientos ilegales. Según PwC, la subida de precios responde más a factores como el estancamiento de la oferta de vivienda, el crecimiento de la demanda y la falta de políticas públicas efectivas para construir vivienda asequible.
