El control de Hacienda sobre las transferencias de dinero entre familiares, incluidos padres e hijos, ha suscitado inquietudes entre los contribuyentes.

Aunque estas operaciones suelen ser comunes y realizadas con fines legítimos, es esencial comprender las normativas para evitar problemas legales y sanciones económicas.

El marco normativo vigente establece que, aunque estas transacciones no están prohibidas, Hacienda puede considerar ciertas transferencias como donaciones encubiertas o ingresos no justificados si no se presentan los documentos adecuados. Además, las operaciones sospechosas están sujetas a investigación por parte de las autoridades fiscales.

Momentos clave para la sanción de transferencias

El riesgo principal asociado a las transferencias monetarias entre progenitores e hijos radica en la posible interpretación de estas como donaciones, las cuales están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

De acuerdo con la Ley 29/1987, todas las donaciones deben ser formalmente declaradas utilizando el modelo 651 en la comunidad autónoma correspondiente.

La omisión de esta declaración puede acarrear sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% del monto no declarado, además de la acumulación de intereses de demora.

Adicionalmente, es relevante señalar que las entidades bancarias tienen la obligación de notificar a Hacienda sobre transacciones que superen ciertos umbrales, tales como transferencias en efectivo que excedan los 3000 euros o acumulaciones que superen los 10.000 euros anuales.

En tales circunstancias, Hacienda podría llevar a cabo una investigación de la operación para asegurar su conformidad legal.

Principales diferencias entre un préstamo y una donación

Es fundamental realizar una clara distinción entre una donación y un préstamo. Mientras que las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), los préstamos no generan obligaciones fiscales si se formalizan de manera adecuada.

Para ello, es imperativo redactar un contrato que detalle las condiciones del préstamo y presentarlo utilizando el modelo 600. Este procedimiento es esencial para justificar la operación y evitar que la Agencia Tributaria la clasifique erróneamente como una donación.

Asimismo, es crucial incluir cláusulas precisas sobre los plazos de devolución y la posibilidad de establecer intereses, aunque estos últimos no sean obligatorios. La correcta documentación protege tanto al prestamista como al prestatario de eventuales sanciones fiscales y asegura la transparencia en la transacción.

Bizum y el efectivo: la vigilancia de Hacienda

Las plataformas digitales como Bizum están sujetas a las mismas normativas fiscales que cualquier otro método de pago. Si las transferencias realizadas durante un año fiscal superan los 10.000 euros, es obligatorio incluirlas en la declaración de la renta.

Asimismo, los bancos tienen la responsabilidad de notificar a Hacienda sobre cualquier transacción que consideren sospechosa, incluso si el importe es inferior al límite mencionado.

En cuanto al uso de efectivo, aunque no está prohibido, las transferencias entre particulares que excedan los 2500 euros deben contar con documentación que justifique su origen y propósito. Sin esta justificación, podrían ser clasificadas como ingresos no declarados, lo que podría resultar en sanciones fiscales.