

Elegir el nombre de un hijo suele ser una decisión compartida, y el orden de sus apellidos también. En España, ese orden lo acuerdan los padres, pero la ley prevé qué ocurre cuando no logran ponerse de acuerdo.
Así lo establece el artículo 49 de la Ley 20/2011 del Registro Civil, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si hay desacuerdo, el encargado del Registro Civil pide a los padres que comuniquen el orden y, si no lo hacen, decide él mismo.
Esta regla rige desde el 30 de junio de 2017. Desde entonces, ya no existe una preferencia automática por el apellido paterno.
Los padres acuerdan el orden de los apellidos al inscribir al hijo
Cuando la filiación está determinada por ambas líneas, los padres deciden cuál de los dos primeros apellidos va primero. Lo hacen antes de la inscripción en el Registro Civil.
Según explica el despacho BJ Abogado, esa posibilidad existe desde 1999, cuando la Ley 40/1999 permitió invertir el orden tradicional si había acuerdo. Hasta entonces, el apellido del padre iba primero por defecto.
Si el hijo tiene un solo progenitor reconocido, lleva sus apellidos y ese progenitor elige el orden.

El Registro Civil da tres días para comunicar el orden
Si los padres no se ponen de acuerdo, o no indicaron los apellidos en la solicitud, el encargado del Registro Civil los requiere para que lo hagan. Tienen un máximo de tres días.
Pasado ese plazo sin respuesta, el encargado fija el orden de los apellidos según el interés superior del menor.
El interés del menor define qué apellido va primero
La decisión no se toma al azar. BJ Abogado señala que se tienen en cuenta aspectos como la coherencia de la identidad familiar y la integración social del niño. También pesa si ya hay hermanos inscritos con un orden determinado, ya que mantenerlo da estabilidad y evita confusiones en el colegio y en el entorno.
La ley refuerza este aspecto. El orden fijado en la primera inscripción vale para los siguientes hijos con los mismos progenitores.
Los padres pueden recurrir la decisión del Registro Civil
Quien no esté de acuerdo con la decisión puede recurrirla. El camino empieza dentro de la propia Administración y puede llegar a los tribunales, con los siguientes pasos:
- Recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antigua DGRN, en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.
- Demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, con intervención del Ministerio Fiscal, que vela por los derechos del menor.
- Apelación ante la Audiencia Provincial y, en casos excepcionales, recurso de casación.
En la vía judicial, el juez puede pedir pruebas, como informes psicológicos o familiares.

El orden de los apellidos se puede cambiar más adelante
La decisión inicial se aplica de inmediato, pero puede modificarse más adelante. El cambio puede solicitarse por los progenitores o por el propio hijo cuando alcance la mayoría de edad.
Antes de eso, sin embargo, hay que demostrar que existen razones suficientes y que el cambio beneficia al menor



