El Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsa una nueva propuesta legal que aumentará la presión fiscal sobre los propietarios de viviendas en España. Esta medida afectará especialmente a quienes poseen inmueblesvacíos o segundasresidencias que no se encuentren alquiladas.

El objetivo oficial es incentivar que estas propiedades salgan al mercado de alquiler y así aliviar la falta de viviendas disponibles.

Actualmente, el debate se centra en el impacto económico que esta medida tendrá para miles de españoles. Si la ley se aprueba próximamente en el Congreso, quienes posean inmuebles sin uso productivo deberán enfrentar un incremento significativo en sus tributos, lo que genera preocupación en sectores vinculados a la vivienda y la economía familiar.

¿En qué consisten los cambios para los propietarios?

La nueva normativa plantea elevar el porcentaje aplicado sobre el valor catastral de las viviendas consideradas vacías o de uso secundario. El impuesto podría aumentar del rango actual de entre 1,1 % y 2% hasta un 3%.

Esto implicaría un aumento en el pago anual de entre 400 y 15.500 euros, dependiendo del valor de cada propiedad. Por ejemplo, un inmueble con un valor catastral de 200.000 euros pasaría de pagar 2.200 a 2.600 euros anuales.

Además, el Gobierno propone subir el IVA al 21 % sobre las viviendas turísticas, lo que las consideraría una actividad económica. Esta medida busca desincentivar el uso especulativo de estas propiedades.

Para equilibrar la carga fiscal, se ofrecen deducciones en el IRPF de hasta el 90 % para quienes alquilen por primera vez en zonas con alta demanda, buscando promover la oferta de viviendas accesibles.

¿Qué repercusiones genera esta propuesta en el mercado inmobiliario?

Expertos en economía y vivienda han expresado críticas hacia esta medida. El Consejo General de Economistas advierte que aumentar impuestos sobre viviendas vacías no garantiza que los propietarios decidan alquilarlas. Según sus análisis, la medida podría castigar sin generar soluciones reales si no se acompañan políticas que faciliten el acceso a alquileres asequibles.

Por otro lado, propietarios y sectores inmobiliarios temen un impacto negativo en la inversión y el mercado en general.

Consideran que la medida podría reducir aún más la oferta de viviendas disponibles y complicar la situación para quienes buscan una vivienda, en un contexto ya marcado por precios elevados y escasez de inmuebles. El debate se mantiene abierto mientras el Congreso evalúa la propuesta.