La justicia de Italia decidió intervenir a Glovo tras detectar indicios sólidos de explotación laboral en su filial local. A pedido de la Fiscalía de Milán, un juez ordenó la supervisión judicial de Foodinho SRL, la empresa que gestiona el reparto a domicilio en el país, con el objetivo de corregir prácticas consideradas ilegales.

La medida, adoptada por la vía de urgencia, implica el nombramiento de un administrador judicial que controlará la gestión, las cuentas y las decisiones relevantes mientras avanza la investigación. El decreto busca poner fin a un esquema que, según los fiscales, vulnera la normativa laboral italiana y se apoya en la situación de necesidad de miles de repartidores.

¿Qué irregularidades detectó la Fiscalía de Milán?

La investigación apunta a un modelo de gestión que habría impuesto condiciones abusivas a los riders. La Fiscalía sostiene que la empresa ofreció remuneraciones por debajo del umbral de la pobreza, con pagos que en algunos casos rondaron los 2,50 euros por entrega.

Esa retribución, de acuerdo con los investigadores, se tradujo en ingresos mensuales hasta un 80% inferiores a los previstos por los convenios colectivos.

Los fiscales también describen jornadas extensas, con turnos que llegaron a las 12 horas diarias, descansos mínimos y trabajo sin protección adecuada frente a condiciones climáticas adversas. A ello se sumó un sistema de supervisión constante mediante geolocalización, que permitió a la compañía monitorear tiempos, recorridos y pausas de los repartidores.

En Milán, donde Foodinho tiene su sede, se recabaron decenas de testimonios. La mayoría de los repartidores declaró que trabaja seis o siete días por semana y asume de forma íntegra los costos y riesgos del medio de transporte utilizado.

Según los investigadores, este esquema configuró una relación de dependencia encubierta, pese a la clasificación formal como trabajadores autónomos.

¿Cómo impacta la intervención en la empresa y en el sector?

La empresa continuará operando durante el proceso, aunque la dirección actual perderá el control total. El administrador judicial deberá autorizar las decisiones estratégicas y reportará de manera periódica al juez, con el mandato de corregir prácticas ilegales y garantizar el cumplimiento de la ley laboral.

La Fiscalía investiga a la compañía y a su fundador, Óscar Pierre Miquel, por presunta explotación laboral agravada. En Italia, Glovo cuenta con unos 40.000 repartidores, de los cuales cerca de 2000 operan en Milán. Desde la empresa señalaron que colaboran con las autoridades, sin realizar comentarios adicionales mientras dure la investigación.

Foodinho, fundada en 2015 y controlada en su totalidad por Glovo, forma parte de un grupo mayoritario cuyo accionista principal es Delivery Hero. El caso italiano se suma a otros conflictos legales que la plataforma afrontó en distintos países por su modelo laboral.

En España, la compañía anunció a finales de 2024 que abandonaría el esquema de falsos autónomos para contratar repartidores como asalariados tras cambios regulatorios.

La orden de control judicial fue impulsada por el fiscal Paolo Storari, conocido por investigaciones previas contra grandes marcas por fallas en la prevención de la explotación laboral en sus cadenas productivas. El avance del proceso podría sentar un precedente clave para el sector de plataformas de reparto en Europa.