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¿Se cae la reforma laboral? Los votos clave para aprobar la ley están en duda: "Es un tiro al pie..."

Junts mantiene dudas sobre la reducción de la jornada laboral y cuestiona su impacto sectores que considera clave.

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este viernes que su partido se siente, ahora mismo, "más cerca del no" a la reducción de la jornada laboral promovida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque hay "negociaciones" con Sumar.

Así lo ha dicho tras mantener una reunión de trabajo con representantes de la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona). "Estamos mucho más cerca del 'no' que de validar esta propuesta", ha advertido Turull al referirse a la idea de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin descuento salarial.

Para Turull, se trata de "un tiro al pie de la negociación colectiva", porque se impone "de manera unilateral" la posición sindical, de manera que con un cambio de gobierno podría imponerse de igual forma la visión de la patronal.

Jordi Turull, secretario general de Junts, no está seguro si su partido apoyará la reducción de la jornada laboral
(Fuente: EFE / Quique García)

Además, ha denunciado, el Gobierno promueve esta reducción de la jornada laboral "sin calcular los efectos" que puede tener, sobre todo, para las pymes y las microempresas.

Turull ha alertado asimismo de que hay colectivos, por ejemplo, en "el campo médico o la asistencia farmacéutica", en los que quizá no haya tantas personas para "cubrir aquella jornada laboral si pasa a ser de 37 horas y media".

Una medida que genera más perjuicios

Junts considera que, tal y como está planteada la medida, "genera muchos más perjuicios que beneficios", por lo que su apuesta es otra: "Sueldos más dignos, no trabajar menos", ha dicho.

Sin embargo, Turull no ha cerrado la puerta a la posibilidad de modificar la posición de su partido, ya que, según ha explicado, "se han abierto negociaciones", tanto en el Congreso de los Diputados como a nivel de las direcciones políticas de Sumar y Junts.

"Veremos si estas negociaciones dan frutos", ha comentado Turull, para quien es imprescindible "eliminar todos estos riesgos" que conlleva a su juicio la propuesta del Gobierno.

Junts no está buscando indultar a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs. (Fuente: EFE / Quique García)

Junts no negocia un indulto para Laura Borràs

Ni en estas ni en otras negociaciones que mantiene Junts con el Gobierno, según Turull, se está hablando de la posibilidad de conceder un indulto a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs.

El Tribunal Supremo confirmó este miércoles la pena de cuatro años y medio de cárcel que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso a Borràs en marzo de 2023, por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros.

La petición de indulto a Borràs, ha asegurado Turull, "no está en ninguna de estas negociaciones", porque de hecho ella no se lo ha pedido al partido.

Para Junts, Cataluña es un infierno fiscal

Por otra parte, se ha referido a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas o 16.576 euros brutos al año, una cuantía que por primera vez no estará exenta de tributar.

Turull ha recordado que Junts defiende la "deflactación" del IRPF, porque "Cataluña es un infierno fiscal", y ha recalcado que el aumento del SMI debería tener en cuenta "el coste de la vida", porque "un trabajador catalán con este sueldo puede comprar mucho menos que un trabajador con el mismo sueldo en Extremadura".

Sobre las diferencias entre el PSOE y Sumar en relación con el SMI, ha señalado que "el Gobierno debería dar un poco de credibilidad, seriedad y cohesión".

Apoyo a una propuesta de Sant Cugat sobre vivienda

Turull también se ha referido a una propuesta lanzada por el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, que según el diario Ara sugiere reformar la ley catalana para exigir que quienes quieran optar a la vivienda de protección oficial lleven como mínimo diez años empadronados en el municipio.

El secretario general de Junts se ha mostrado "absolutamente de acuerdo con la propuesta del alcalde de Sant Cugat" y ha recordado que "la normativa era esta" hasta que las izquierdas la cambiaron. 

Fuente: EFE

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