Los empleados públicos con contrato laboral podrán acceder a la jubilación parcial hasta tres años antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro, siempre que cumplan una serie de condiciones establecidas por la Seguridad Social. La medida permite reducir progresivamente la jornada de trabajo y compatibilizar el salario con el cobro de una parte de la pensión.

El Gobierno de España aprobó esta regulación mediante el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de junio y en vigor desde el 1 de julio. Posteriormente, el Congreso de los Diputados convalidó la norma el 23 de julio, con 167 votos a favor, 144 abstenciones y 37 en contra.

La principal novedad consiste en facilitar el acceso a esta modalidad de jubilación al personal laboral de las administraciones públicas, mediante un sistema de contratación de relevo que permite cubrir las funciones de quienes reducen su jornada.

Sin embargo, la medida no supone una jubilación anticipada automática para todos los empleados públicos. Su aplicación depende del tipo de vínculo laboral, los años cotizados, la antigüedad y el cumplimiento de los requisitos legales.

¿Qué empleados públicos pueden acceder a la jubilación parcial anticipada?

La nueva regulación está dirigida al personal laboral de las administraciones públicas, es decir, a los trabajadores que mantienen una relación contractual de naturaleza laboral con la Administración.

A diferencia de los funcionarios de carrera, cuya relación de servicio se rige por un régimen estatutario, estos empleados están sujetos a contratos laborales y a las disposiciones correspondientes del Estatuto de los Trabajadores y la Seguridad Social.

Para acceder a la jubilación parcial anticipada, los solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Anticipación: acceder como máximo tres años antes de la edad ordinaria de jubilación que corresponda.
• Cotización: acreditar al menos 33 años de cotizaciones efectivas. El mínimo puede reducirse a 25 años para personas con discapacidad igual o superior al 33%.
• Antigüedad: haber trabajado durante al menos seis años inmediatamente anteriores a la jubilación parcial, en los términos previstos por la normativa.
• Jornada laboral: trabajar a tiempo completo antes de acceder a esta modalidad.
• Contrato de relevo: contar con la contratación de otra persona para cubrir la jornada correspondiente, conforme al sistema establecido para las administraciones públicas.

Estos requisitos se encuentran recogidos en la Ley General de la Seguridad Social y en las instrucciones aprobadas por Función Pública en junio de 2026.

La normativa permite que los trabajadores reduzcan su jornada entre un 25% y un 75%. No obstante, existe una limitación importante: cuando la jubilación se anticipa más de dos años, durante el primer año la reducción deberá situarse entre el 20% y el 33%.

Una vez superado ese primer período, el trabajador podrá acogerse a los porcentajes generales previstos legalmente, hasta alcanzar una reducción del 75% de su jornada.

¿Cómo funciona la jubilación parcial y cuánto cobrarán los trabajadores?

La jubilación parcial permite que un empleado público reduzca sus horas de trabajo sin abandonar completamente su puesto. Durante esta etapa, percibe dos ingresos: el salario correspondiente a la jornada que continúa realizando y una pensión de jubilación parcial.

Por ejemplo, un trabajador que consiga reducir su jornada un 75% pasará a desempeñar únicamente el 25% de su horario habitual. En ese supuesto, recibirá el salario proporcional a las horas trabajadas y la pensión parcial correspondiente.

Esto no significa que vaya a cobrar automáticamente el 100% de sus ingresos anteriores, ya que la cuantía de la pensión depende de las bases de cotización y de las condiciones individuales de acceso a la jubilación.

La regulación también establece que la jubilación parcial anticipada debe acompañarse de un contrato de relevo. La persona contratada podrá desarrollar las mismas funciones que el trabajador que reduce su jornada u otras diferentes, en función de las necesidades de la Administración.

El Real Decreto-ley 19/2026 introduce un mecanismo para facilitar este procedimiento: las administraciones deberán planificar las contrataciones de personal relevista fijo y, cuando no sea posible formalizarlas de manera simultánea, podrán recurrir a una contratación temporal de sustitución a tiempo completo.

Según explicó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, este sistema pretende compatibilizar el acceso a la jubilación parcial con los procedimientos de selección del empleo público, sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Cómo solicitar la jubilación parcial anticipada y qué ocurre con los funcionarios

Para el personal laboral fijo incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado, la Secretaría de Estado de Función Pública estableció un procedimiento específico mediante la resolución del 5 de junio de 2026.

Los interesados deberán presentar su solicitud con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha en que cumplan la edad legal de acceso a la jubilación parcial.

El trámite se realiza por medios electrónicos a través del Portal Funciona y exige disponer de un certificado electrónico válido. Además, será necesario aportar un informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una vez presentada la documentación, la Administración deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos y gestionar la contratación del trabajador relevista. Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será el organismo encargado de reconocer la pensión correspondiente.

La resolución también permite, para el personal incluido en ese convenio, distribuir las horas de trabajo restantes en días, semanas o meses completos e incluso acumularlas en un único período, conforme a las condiciones establecidas.

¿Qué ocurre con los funcionarios de carrera?

La aprobación de esta medida no implica que puedan acogerse automáticamente a la misma modalidad. La regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal funcionario y estatutario continúa diferenciada de la correspondiente a los empleados públicos laborales.

Según informó EFE tras la aprobación del decreto, las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT reclamaron que se resolviera también la situación de estos colectivos, cuya incorporación a este sistema permanecía pendiente.

De esta manera, el nuevo marco permite que los empleados públicos laborales que reúnan las condiciones exigidas puedan iniciar una transición progresiva hacia la jubilación, sin abandonar completamente su actividad profesional antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro.