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Los conductores que se nieguen a realizar una prueba de alcoholemia en España pueden enfrentarse a consecuencias penales, incluso si no se ha demostrado que superaron los límites de alcohol permitidos. El Código Penal establece sanciones que incluyen hasta un año de prisión y cuatro años de privación del derecho a conducir.
La medida está recogida en el artículo artículo 383 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta disposición considera delito la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas cuando existe un requerimiento de un agente de la autoridad.
La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los controles de alcohol y drogas forman parte de las medidas de prevención de accidentes en las carreteras españolas, ya que el alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28 % de los accidentes mortales registrados en 2024, con 273 fallecidos.
¿Qué penas establece el artículo 383 del Código Penal por negarse a la prueba de alcoholemia?
El artículo 383 establece que los conductores que rechacen las pruebas legalmente exigidas para comprobar la presencia de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas pueden ser condenados a penas de prisión y a la privación del derecho a conducir.
La legislación contempla las siguientes penas:
- Prisión: de seis meses a un año.
- Privación del derecho a conducir: por un período superior a un año y de hasta cuatro años.
- Vehículos afectados: vehículos a motor y ciclomotores.
El texto del BOE señala expresamente que el conductor que se niegue a someterse a estas pruebas, tras el requerimiento de un agente de la autoridad, “será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.
La negativa constituye una conducta distinta de conducir bajo los efectos del alcohol. Por tanto, la ausencia de un resultado positivo no impide que pueda existir responsabilidad penal por rechazar una prueba obligatoria. La aplicación de las penas corresponde a los tribunales, según las circunstancias de cada caso.
¿Cuándo es obligatorio realizar una prueba de alcoholemia en España?
El artículo 21 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol cuando los agentes competentes lo requieran en los supuestos previstos por la normativa. Esta obligación no se limita a quienes presentan síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas.
Los controles pueden efectuarse en distintas circunstancias:
- Controles preventivos: cuando los agentes realizan dispositivos de vigilancia de alcoholemia autorizados.
- Accidentes de tráfico: cuando un conductor está implicado en un siniestro.
- Infracciones de circulación: cuando los agentes denuncian a un conductor por incumplir las normas de tráfico.
- Síntomas de consumo de alcohol: cuando existen indicios razonables de que una persona conduce bajo sus efectos.
El procedimiento habitual consiste en una prueba de aire espirado mediante un etilómetro autorizado. Si el resultado supera los límites establecidos o existen síntomas evidentes de intoxicación, los agentes deben practicar una segunda medición conforme a las garantías previstas en el reglamento.
Además, el artículo 25 del Reglamento General de Circulación permite inmovilizar el vehículo cuando el conductor se niega a realizar las pruebas de detección alcohólica. Por tanto, el rechazo puede tener consecuencias inmediatas sobre la circulación, además de las responsabilidades penales que correspondan.
