Perder el permiso de trabajo en España puede impedir que un trabajador extranjero continúe desempeñando legalmente su actividad. Sin embargo, esto no significa que la empresa pueda terminar la relación laboral de forma automática y sin ninguna compensación económica.

La doctrina del Tribunal Supremo establece que, cuando un empleado extranjero pierde la autorización administrativa necesaria para trabajar y residir en España, la empresa puede recurrir a una extinción objetiva del contrato por ineptitud sobrevenida.

Esta vía obliga, no obstante, a respetar las garantías previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Entre ellas se encuentra el pago de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades.

Tribunal Supremo: qué pasa si un trabajador extranjero pierde el permiso de trabajo

El Tribunal Supremo ha analizado en varias ocasiones qué ocurre cuando un trabajador extranjero tenía inicialmente autorización para trabajar en España pero posteriormente pierde ese permiso o no logra renovarlo.

La pérdida del permiso de trabajo en España supone una imposibilidad legal para seguir desarrollando el empleo. La empresa, por tanto, no está obligada a mantener indefinidamente una relación laboral que ya no puede ejecutarse de acuerdo con la normativa.

Sin embargo, el Supremo descarta que esa circunstancia permita extinguir sin más el contrato mediante una cláusula automática. La vía adecuada es, según su jurisprudencia, la extinción por una causa objetiva vinculada con la ineptitud sobrevenida.

La sentencia 642/2021, de 23 de junio, consolidó esta doctrina y recordó que la pérdida de la autorización administrativa necesaria para trabajar puede incluirse dentro de esta causa objetiva cuando impide legalmente continuar prestando servicios.

Cuánto deben indemnizar a un trabajador extranjero si pierde el permiso

La consecuencia económica es especialmente relevante. El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores establece que una extinción por causas objetivas exige poner a disposición del empleado una indemnización de 20 días de salario por año de servicio.

Los períodos inferiores al año deben prorratearse por meses y existe un límite máximo de 12 mensualidades. Por tanto, perder el permiso de trabajo en España no elimina automáticamente el derecho del trabajador a percibir una compensación.

La empresa también debe comunicar por escrito la extinción e indicar la causa concreta. Además, la legislación contempla con carácter general un plazo de preaviso de 15 días en las extinciones objetivas.

De esta manera, el trabajador extranjero queda protegido frente a una terminación automática del contrato basada únicamente en su situación administrativa, aunque ya no pueda seguir trabajando legalmente.

Por qué perder el permiso de trabajo no anula los derechos laborales

La protección también aparece expresamente en la Ley Orgánica de Extranjería. Su artículo 36.5 establece que carecer de una autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato respecto de los derechos que corresponden al trabajador extranjero.

Esto significa que la situación administrativa irregular no borra los derechos laborales generados durante la relación de trabajo. El propio Tribunal Supremo ha utilizado esta previsión para construir su doctrina sobre estos despidos.

La legislación señala, además, que la falta de autorización puede generar responsabilidades para el empresario, pero no deja sin efectos todos los derechos derivados del contrato para el empleado.

Existe, sin embargo, una diferencia importante con las prestaciones por desempleo: la Ley de Extranjería establece expresamente que quien carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener la prestación por desempleo mientras se encuentre en esa situación.

Qué debe hacer la empresa para despedir por pérdida del permiso de trabajo

El hecho de perder el permiso de trabajo en España no convierte la relación laboral en un contrato extinguido de manera automática. La empresa debe utilizar el procedimiento previsto en la legislación laboral para terminar la relación.

La jurisprudencia encaja esta situación dentro del artículo 52.a) del Estatuto de los Trabajadores, que permite extinguir el contrato por “ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa”.

Esto supone que deben cumplirse las exigencias propias de un despido objetivo: comunicación escrita, explicación de la causa y pago de la indemnización legal correspondiente.

Si la empresa se limita a comunicar que el contrato queda terminado por la pérdida del permiso sin utilizar correctamente este procedimiento, la extinción puede terminar siendo declarada despido improcedente, como ya ha ocurrido en casos examinados por el Tribunal Supremo.

La doctrina del Supremo que protege a los trabajadores extranjeros

La posición del Alto Tribunal no es nueva. La sentencia 955/2016, de 16 de noviembre, ya abordó una situación en la que una trabajadora extranjera perdió la autorización administrativa necesaria para continuar trabajando en España.

El Supremo consideró entonces que no podía aceptarse una extinción automática basada en una condición implícita del contrato. La falta de autorización hacía imposible la continuidad de la relación laboral, pero no permitía eliminar las garantías económicas del trabajador.

Esta interpretación fue reiterada posteriormente. La doctrina recogida por el BOE recuerda que el cese por pérdida de autorización puede considerarse improcedente cuando no se utiliza correctamente la vía de la extinción objetiva por ineptitud sobrevenida.

Por tanto, la clave no está en que el empresario tenga prohibido despedir a un trabajador extranjero que pierde su autorización. La clave está en que debe hacerlo mediante la vía legal correspondiente y respetando la indemnización y los derechos laborales previstos por la normativa.