La medida impacta de forma directa en propietarios e inquilinos. Muchos dueños optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. En paralelo, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos.

El Gobierno alcanzó un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, según los decretos aprobados.

Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea compleja en gran parte del país. Los precios suben de forma sostenida y la oferta disponible no logra acompañar una demanda en constante crecimiento. A este escenario se suma la prohibición de desahucios, prorrogada ahora hasta 2026, que reconfigura el mercado.

Impacto de la prohibición de desahucios en el alquiler

Las políticas relacionadas con la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional están dirigidas a hogares en situación de vulnerabilidad. Estas abarcan tanto los casos de impago de la renta como aquellos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta medida influye en las decisiones de los propietarios.

La última prórroga fue aprobada en el Consejo de Ministros de 2025. Este decreto extiende la prohibición de desahucios durante todo el año 2026, a la espera de la aprobación del Congreso, lo que genera una prolongada incertidumbre en el mercado del alquiler.

Estas políticas fueron implementadas mediante el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el cual fue aprobado en el contexto de la pandemia. Desde ese momento, el Gobierno ha optado por renovarlas anualmente, en respuesta a la persistente crisis social y económica.

Medidas del escudo social que se mantendrán en 2026

El acuerdo político incluye la prohibición de cortes de suministros básicos. La medida protege a hogares vulnerables frente a la interrupción del suministro de luz, agua y gas durante todo 2026.

EH Bildu subrayó que “el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante”. El grupo destacó que la protección sigue siendo necesaria en el actual contexto económico y social.

También se mantiene la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas iban a caducar el 31 de diciembre, pero el pacto alcanzado permite extenderlas al menos un año más.

Revisando quién se beneficia de la ampliación de la prohibición de desahucios

La prohibición de desahucios se orienta a familias en situación de vulnerabilidad que carecen de una alternativa habitacional válida. Esta medida abarca hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género.

La protección también se extiende a aquellos que habitan en una vivienda sin título legal. En tales circunstancias, es necesario que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad económica y social establecidos en la normativa vigente.

Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Familias con una sola renta, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros.

Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras largos litigios deciden retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan alquiler.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios bajaron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler.

La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. Este mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga.

EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales.

Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.