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El spam telefónico se ha convertido en una de las quejas más recurrentes entre los consumidores españoles en los últimos años. Las llamadas comerciales no deseadas no solo irritan, también son puerta de entrada a prácticas agresivas de contratación y, en muchos casos, a contratos poco transparentes.
Organismos públicos, asociaciones de consumidores y plataformas especializadas llevan tiempo reclamando medidas que pongan freno a un problema que afecta a millones de españoles cada año.
Ahora el Gobierno español ha decidido dar respuesta con una regulación más estricta que no solo prohíbe este tipo de llamadas sin consentimiento expreso, sino que incluye multas millonarias para las empresas que las practiquen sin respetar las nuevas normas.
Qué sanciones contempla la nueva normativa
El Ejecutivo ha aprobado un real decreto en el seno del Consejo de Ministros que actualiza el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica e introduce medidas específicas para combatir el spam telefónico.
Según la regulación, las empresas que realicen llamadas no solicitadas para ofrecer servicios energéticos sin el consentimiento claro y previo del consumidor podrán enfrentarse a sanciones que van desde 600.001 euros hasta 6 millones de euros.
La norma se aplica principalmente a comercializadoras de electricidad y gas, aunque también incluye medidas que pueden afectar a otras actividades similares, como la obligación de que los operadores utilicen un prefijo específico para llamadas comerciales y que las empresas bloqueen automáticamente los números que incumplan estas reglas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de tramitar y sancionar estas infracciones, consideradas como graves bajo la Ley 24/2013.
Cómo afecta esta regulación a los consumidores
El cambio normativo va más allá de las sanciones económicas. El real decreto prohíbe que los contratos se cierren por teléfono a menos que el consumidor haya solicitado expresamente ser contactado. En caso de que una empresa formalice un contrato sin ese permiso, esos acuerdos podrán considerarse nulos y sin efecto.
Además, se busca reforzar el derecho a la transparencia: antes de consumar cualquier modificación de contrato o aceptación de nueva tarifa, las comercializadoras deberán entregar un documento independiente con información clara de los precios antes y después del cambio. Este requisito está diseñado para que los consumidores puedan comparar y decidir sin presión.
La normativa también contempla facilidades de rescisión para hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes) con una potencia contratada inferior a 15 kW, que podrán abandonar sus contratos sin penalización en muchas situaciones.
Por qué se ha aprobado esta medida ahora
La insistencia de consumidores y reguladores por una mayor protección frente al spam telefónico no es exclusiva de España, pero en el contexto local había una demanda creciente.
Las estadísticas y estudios de mercado muestran que una parte importante de las decisiones de cambio de suministrador en 2024 se produjo tras contactos telefónicos no solicitados, lo que generó preocupación por prácticas poco transparentes y agresivas.
Además, España ya ha implementado otras acciones en este campo. Por ejemplo, planes gubernamentales recientes para bloquear millones de llamadas y mensajes sospechosos de fraude han demostrado que la colaboración entre operadores y autoridades puede reducir de manera significativa las comunicaciones no deseadas.
Con la nueva regulación, el Ejecutivo busca cerrar brechas que permitían que muchas compañías siguieran realizando llamadas comerciales incluso cuando los consumidores no las habían solicitado, una práctica que según datos recientes afecta a una parte considerable de la población en España y en la región ibérica en general.
Qué pueden esperar las empresas y qué cambia en la práctica
Para las empresas, mantener prácticas de spam telefónico sin obtener un consentimiento claro y verificable ya no será una cuestión menor. Las autoridades han establecido que, además de las multas, este tipo de infracciones pueden tener consecuencias más amplias en la reputación y operativa de los afectados, especialmente si se combinan con otras violaciones de derechos del consumidor.
Desde el punto de vista práctico, los usuarios podrán recibir comunicaciones comerciales solo cuando las hayan solicitado, y esas conversaciones deberán ser grabadas o contar con mecanismos que permitan acreditar el consentimiento del consumidor en caso de disputa.
La entrada en vigor de estas medidas tendrá un impacto directo en cómo las empresas energéticas y otros sectores abordan la captación de clientes por teléfono. El objetivo es claro: reducir de manera significativa el volumen de llamadas no deseadas y devolver control al consumidor sobre sus decisiones comerciales.
