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El anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin modificar el salario de los trabajadores ha estado en boca de todos los últimos dos años.
La medida proponía también una regulación del registro horario y el derecho a la desconexión digital. La reducción de la jornada laboral ha generado controversia desde el inicio de las negociaciones. A día de hoy no ha conseguido superar las instancias del Congreso.
Tras diferentes bandazos entre patronal, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, finalmente fueron el departamento dirigido por Yolanda Díaz y los sindicatos impulsaron la rebaja hasta las 37,5 horas semanales. Esto no fue suficiente para que la ley llegue a verse aplicada pero si para despertar opiniones divididas.

Reducción de la jornada laboral: el 51,51% de las empresas prevé medidas extremas
Según el barómetro LaPymeHabla 2024 de Cepyme, hasta un 51,51% de las empresas prevé tomar medidas “extremas” cuando se aplique la reducción de la jornada laboral. Estas decisiones incluyen abandonar proyectos o reducir el tamaño de la empresa.
El informe refleja que el 90% de las empresas considera que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales tendrá un impacto negativo. Además, el 25% afirma que solo podría sobrellevar la medida realizando ajustes internos.
Del total de los encuestados, apenas un 9,94% cree que la reducción de la jornada laboral tendría un impacto marginal. A su vez, un 13,55% sostiene que la medida pondría en duda la continuidad del negocio.
¿Cuándo entrará en vigor la reducción de la jornada laboral en España?
Si bien la aplicación plena de la reducción de la jornada laboral para los convenios colectivos no será posible. La jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado entrará en vigor en marzo de 2026, una vez sea aprobada en la mesa general de negociación. La resolución será elevada en las próximas semanas con el objetivo de que se publique antes de que termine el mes.
La medida se aplicará a todo el personal de la Administración General del Estado y del sector público estatal, con la excepción de Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, que requerirán una instrucción específica adicional.
Desde UGT Servicios Públicos consideran que esta reducción a 35 horas debe actuar como “punta de lanza” para que el avance alcance también al resto de asalariados. Su secretaria general, Isabel Araque, ha calificado como “una vergüenza” que el Congreso rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, al entender que habría mejorado la salud de los trabajadores, la calidad de la producción y la estabilidad del empleo.
Además, se espera que la aplicación en la Administración del Estado tenga impacto en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su implantación a que el Gobierno central diera el paso primero.

El peso del empleo privado en España alcanza el 85,6% en 2025
Con este debate ya mermado, un nuevo dato llega a la mesa del empleo. El sector privado representa ya el 85,6% del total en España, cinco décimas más que en 2024.
En los últimos seis años, de 2019 a 2025, el empleo ha aumentado un 12,3%, lo que supone 2.441.800 ocupados más, de los cuales el 88% han sido creados por el sector privado.
Según el Barómetro del Empresario 2026, el peso del empleo privado varía por comunidades autónomas: alcanza el 89,3% en Cataluña y el 88,3% en Madrid, mientras que desciende al 75,9% en Extremadura.
El sector privado aporta el 87% del PIB total de España y el 88,8% de la inversión total, porcentaje que se eleva al 89,9% en el caso de las TIC y al 94,4% en activos intangibles.
Además, las empresas realizaron en 2024 aportaciones relevantes a las arcas públicas, con 381.342 millones de euros en impuestos y 172 millones de euros en cotizaciones, lo que representa el 70,6% del total de las aportaciones a la Seguridad Social.
En enero se contabilizaron 3.310.824 empresas activas en España: el 95,1% no tienen asalariados o son microempresas, el 99,8% son pymes y solo el 0,8% son medianas y grandes.
La percepción social del empresario es mayoritariamente favorable: más del 70% de la población valora su imagen como positiva o muy positiva y casi siete de cada diez consideran que su reputación se ha mantenido o ha mejorado en el último año.
En este contexto, la reducción de la jornada laboral genera percepciones contrapuestas. Mientras los emprendedores advierten de un aumento de costes, otros sectores destacan posibles mejoras en la motivación y el compromiso de los trabajadores.
La mayoría de la población considera que debates como la jornada, el absentismo o las condiciones laborales deben abordarse de forma conjunta entre empresarios, Administración y sindicatos.


