Bernardo Saravia Frías -abogado (UBA), con LLM en la Universidad de Illinois- dice que hay un punto de inflexión en su carrera: haber sido Procurador General de la Nación.

"Es un antes y un después", define. "Cambia la cabeza, es un mindset totalmente diferente. Da una visión más holística. Entendés cómo funciona el sector público, la Justicia, el juez de cada fuero e, incluso, cada ministro de la Corte", explica. "Cuesta mucho, después de ese tipo de responsabilidad, adaptarte al sector privado", agrega.

En su caso, después de una trayectoria fuertemente corporativa y, en especial, financiera -fue, durante años, jefe de Legales del Bank of America en la Argentina-, significó cambiar su perfil profesional. "Hoy, en mi cartera de clientes, tengo casos grandes, en los que no sólo hay que mirar la economía, sino entender el valor de la política; el leer las entrelíneas de la política es fundamental", asegura. 

Por eso, tiene una visión distinta, tanto del proceso que está viviendo la Argentina con Javier Milei, como de los grandes asuntos legales que persisten. Entre ellos, el juicio por la expropiación de YPF, un tema que, por su función durante el Gobierno de Mauricio Macri, conoce como pocos.

-¿Cómo ve el rumbo económico del Gobierno?

-Son innegables sus logros. El superávit fiscal es de 1,8 puntos de PBI cuando antes había un déficit de 2,9. El superávit comercial es de US$ 19.000 millones y el año anterior hubo déficit. Y la inflación está por debajo del 3 por ciento mensual. En la coyuntura macro, es un éxito notable y, para muchos, inesperado. Pero hay cosas que me preocupan más allá de estos éxitos puntuales.

-¿Cuáles?

-Tengo tres fuentes de preocupación. La primera es el mundo. Si, efectivamente, avanzan las medidas proteccionistas, eso significará más inflación global porque se encarecerán los productos. A la vez, como habrá inflación, la Fed tendrá más cautela para bajar las tasas. En consecuencia, el valor de las monedas emergentes y de los commodities se deprimirán. Es algo que ocurrió a lo largo de la historia. Acá, pongo el foco sobre uno de los motores de la economía argentina, que es el agro. Pero hay algo más profundo, que se vincula con lo institucional.

-¿Cómo?

-Ya se ve algo que se insinuaba y empieza a tomar forma por parte del Gobierno de los Estados Unidos: el planteo de un nuevo orden mundial por primera vez desde la Segunda Guerra. A mediados del siglo XX, la tarifa fue una consecuencia, la herramienta de regulación del comercio. Ahora, la tarifa pasa a ser la regla, el componente central de la política económica de los Estados Unidos y eso, probablemente, se expanda en el mundo. Eso tiene consecuencias para la Argentina.

-¿Cuáles?

-Primero, provocará inseguridad jurídica a nivel mundial. Eso pega de lleno en la inversión. El coeficiente de inversión de la Argentina es del 16% del PBI. No alcanza, siquiera, para empezar a tener crecimiento en empleo y productividad. Es un gran signo de interrogación, a pesar d esfuerzos como el RIGI. En este marco, es muy probable que la inversión de retrotraiga.

Después, hay un segundo efecto, que es peor. Si se reordena el marco internacional, en el mercado global empiezan a haber compartimentos estancos y tu prioridad como país es poder exportar, seguir creciendo a través de la exportación. Por último, hasta ahora, la transición energética era un hecho casi dado. La mayoría de los países adherían. Hoy, eso está en cuestión y también impactará en la Argentina: tiene los minerales críticos (cobre y litio) para esa transición energética.

-¿Relación Milei-Trump no puede cambiar esto?

-Este cambio va rápido. Si se empieza a instalar, nos pega directo y va más allá de los alineamientos políticos o si nos conviene estar más cerca de uno u otro. El mundo empieza a tener un marco general adverso para la Argentina. El empresario argentino tiene que mirarlo. Sobre todo, los que están en la explotación de recursos naturales.

-Además de esos factores externos, ¿qué otros problemas observa?

-Me preocupa el tipo de cambio real multilateral por la sencilla razón de que tenemos reservas netas negativas. Con reservas netas negativas, no podés salir del cepo. El cepo es la carga más pesada que tiene la economía argentina para arrancar. Sigue siendo un obstáculo enorme, por el que cualquier inversor te pregunta. Pero, lo que más me preocupa, es el marco institucional.

-¿Particularmente en qué?

-Por un lado, las polémicas postulaciones para la Corte Suprema de Justicia. Es el indicador de cómo te querés vincular con el Poder Judicial, que es otro poder central del Estado. Con este tipo de postulaciones, me estás diciendo que no querés que haya control.

-¿Con "las" postulaciones? ¿O con la de Lijo?

-Hablo en plural por lo siguiente. Me llama la atención que no se haya considerado una jueza ni que tampoco se mire a los juristas del Interior. Es central para el país tener esta última mirada porque es adonde están los recursos naturales. Son dos condiciones constitucionales que deberían cumplirse. Hay una frase de Rafael Bielsa (N.d.R: el jurista, abuelo de Rafael, Marcelo y María Eugenia): "Si la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien; si la Justicia anda mal, todo va a andar mal". Lo institucional impacta directamente en la economía: un inversor mira estoy pregunta quién es el que lo va a juzgar.

-El RIGI dice que un tribunal del exterior.

-Si, en la Ley de Bases, me decís que tu inversión va a estar protegida afuera, el mensaje es peor: no creo en la Justicia Argentina. Esa mirada atómica del vínculo con los otros poderes me preocupa. Porque también se ve en la relación con el Poder Legislativo: el Presidente dio su primer discurso de espaldas a la Asamblea Legislativa. Hubo una ley que llevó seis meses y podría haber salido en 15 días. Y, ahora, hay un indicador de mayor tensión: llamaste a extraordinarias y no enviaste el proyecto de Presupuesto.

-¿Por qué le parece que eso es peor?

-El Presupuesto es la brújula de la economía. Todo el mundo debe mirarlo como indicador de lo que será el país del año siguiente. No haberlo enviado llamando a extraordinarias significa que no querés ir al Congreso a discutir. Eso está muy mal. Institucionalmente, es muy preocupante.

-¿El Gobierno no tiene vocación de debate?

-Lo discursivo está pasando a los hechos. Filosóficamente, el sentido común puede ser la acumulación del saber y la experiencia, o el argumento autoritario para imponer tu verdad. Me parece que el sentido común como imposición de verdad y no como acumulación de conocimiento empezó a predominar en el mundo y en la Argentina, en particular. En lo institucional, se ve una tendencia bien marcada hacia el modelo del sentido común autoritario que pretende imponer su verdad.

-¿Su cliente, el empresario argentino, entiende esto que describe? ¿O era tanta la expectativa de cambio que lo minimiza?

-La gran diferencia entre el consejo legal estándar y el más profundo es cuando tenés una mirada 180. Un abogado es completo cuando mira no sólo lo jurídico, sino también la mirada entrelíneas de la política. Los clientes le prestan muchísima atención a eso. La obligación de un CEO no es mirar la coyuntura, sino un paso más. En la Argentina, los CEOs estuvieron sobreviviendo a la coyuntura durante mucho tiempo en una economía muy inestable. Hoy, les toca la obligación de actuar como verdaderos CEOs: tener una mirada de largo plazo, ver dónde hundís tu dinero. Un coeficiente de inversión del 16% es magro. Significa que algo de eso hay: la inversión no termina de concretarse.

-¿Por qué no se termina de concretar?

-Hay desconfianza porque el marco institucional no es del todo adecuado todavía. Y los signos son preocupantes. Eso frena la inversión. La mirada institucional del Gobierno empieza a preocupar. No es suficiente con tener un RIGI. Necesitás algo más: seguridad jurídica, estado de Derecho.

-Usted fue Procurador: ¿cómo vio lo que pasó con ese cargo?

-Es triste ver un manoseo así. Todas las personas del sector privado que se acercan a la función pública están expuestas a este tipo de situaciones. Es triste el manoseo que ocurrió. Son cosas que no ayudan a la institucionalidad. El juicio de YPF, por monto y lo que significa, es el asunto más importante que tiene la Procuración. El procurador anterior se había excusado por conflicto de intereses. Que el actual tenga un problema similar tampoco es bueno.

-¿Era posible evitarlo? Es un caso en el que Burford, prácticamente, contactó a todos los mejores profesionales del mercado local.

-Cuando uno ejerce la profesión, a un cierto nivel, tiene que saber que, en un punto, entrará en la disyuntiva. Una es si estás dispuesto a litigar contra tu país en un foro internacional. A mí, realmente, me costaría muchísimo. Ahora, una vez que decidiste y aceptaste, tenés que saber que eso es un costo: el conflicto de intereses. Las dos cosas no se pueden hacer. Como estudio jurídico, no podés litigar contra el país y asesorar al Estado argentino al mismo tiempo. Todos los que actuaron con Burford tienen que hacerse cargo de esto.

-Mencionó el juicio YPF. A usted, le tocó seguirlo. Prácticamente, era defender a un acusado encontrado con el puñal en la mano al lado del cadáver.

-Sí, sí (ríe). Se habían designado abogados que no estaban a la altura de las circunstancias. Agarré el juicio empezado, con escritos ya presentados. Eso limita mucho tu capacidad de maniobra. Y, más importante, era la reputación que teníamos ante la jueza, que de los juicios anteriores, por la reestructuración de deuda y el default. Hubo que hacer un trabajo enorme en esos tres planos. En la audiencia en la que me presenté, la jueza (Loretta Preska), ofendida, me dijo que era primera vez que iba un representante argentino y que, además, hablara inglés.

-¿Cuánto se retrocedió en el caso durante los últimos cinco años?

-Hubo muchas cosas que hicimos y se dejaron en suspenso y se perdió no sólo la velocidad, sino también el efecto. Eso se ve en la reacción de la jueza hoy: con virulencia, cansada de haber dado tantos pasos atrás. No digo que sea un caso fácil o difícil de ganar. El monto representa el hartazgo por parte de la jueza. Es un nivel absurdo. Lo que te está diciendo es otra cosa: que algo estuvo mal.

-¿Se puede dar vuelta?

-La gran oportunidad que tiene el país es explicar. La bala de plata es reducir el monto en la Cámara. Los argumentos técnicos están. La oportunidad es muy grande. Quiérase o no, la política tiene su influencia. Hay que aprovechar al máximo el alineamiento que tiene el Gobierno argentino con el de los Estados Unidos. A esta altura, todo el mundo sabe el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina. Hay que saber explicarlo, poner los argumentos técnicos del caso sobre la mesa. Están y sobran.

-¿Cuáles son?

-El tipo de cambio aplicable y la tasa de interés. Pueden servir, y mucho, para que la Cámara reduzca el monto. Lo que no se puede seguir haciendo es, ante Preska, que está ejecutando la sentencia, mantener una actitud de postergación, de que se difiere todo para no hacer nada, e esconder las cosas. No ayuda a tu reputación. Y es fundamental entender a quién tenés enfrente: el CEO de Burford, Christopher Bogart, está llevando el tema en persona. Es muy audaz, con muchas conexiones y mucha fuerza para imponerse.

-¿Qué le dejó como abogado el paso por la Procuración?

-Es un antes y un después. Te cambia la cabeza para siempre. Te da una mirada holística, de cómo piensa el sector público, la Justicia y, dentro de ella, cada juez de distinto fuero e, incluso, cada ministro de la Corte Suprema. Un mindset diferente. El valor agregado es enorme.

-¿Costó reinsertarse en el sector privado?

-Cuesta adaptarte al sector privado después de ese tipo de responsabilidad. Al menos, al principio. Hoy, los casos que tengo en mi cartera son grandes. Justamente, por esa mirada completa, que es no sólo ver la economía, sino leer las entrelíneas de la política. Lo comparo con el impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho.

-¿Por qué?

-La IA cambiará radicalmente el ejercicio del Derecho. Hay una amplia franja de abogados que se quedará sin trabajo: los que hacen contratos de locación, juicios de ejecución... El ejercicio de la profesión está volviendo a ser un arte. Se vuelve a la época de los romanos, del gran Cicerón. Sobrevivirán los abogados estrategas, que usan la IA como una herramienta pero tienen formación para darle valor a la tecnología. El abogado que hace del ejercicio un arte y no una profesión. A eso te lleva un cargo público. A una mirada completa: no es recitar la ley, sino tener la capacidad para que el "no" se convierta en un "sí". Estira la interpretación de la ley.

-¿Quién tiene razón en YPF: Burford o la Argentina?

-Siempre voy a decir que el Estado argentino tiene razón. Pero, como está el caso hoy, las chances de que se revierta la sentencia son cercanas a lo muy bajo. De nuevo: lo que se puede hacer y sería el mayor logro es reducir el monto de la condena. ¿Cómo? Con un argumento: el tipo de cambio aplicable. Si el del día de la sentencia o el de la expropiación. Ese argumento es jurisprudencia estadounidense que la jueza no tomó en cuenta. Y, segundo, la tasa de interés. Ahí, aplica la Ley argentina interpretada por un juez americano. Y la Ley argentina manda que sea la tasa activa del Banco Nación. El tercer argumetno es de Derecho Internacional Público: la deferencia de un Estado extranjero como amigo. Ese argumento, hoy, debería funcionar. Debería dar apoyo, sustento, a los otros argumentos técnicos.

-¿Pero...?

-Hay posibilidades serias de reducir el monto de la condena. Pero, también, hay que ser muy prolijos en el juzgado de Preska, que tiene la ejecución de la sentencia. Hacer una defensa técnica y no imponer la típica estrategia de postergación, que fue la que usó el kirchnerismo. Tu comportamiento en esto, que es táctico, te afecta a lo estratégico: la defensa central en Cámara, que es bajar el monto del juicio.

(La versión original de esta nota se publicó en la edición número 374 de la revista Apertura, correspondiente a febrero de 2025).