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Votan el traspaso de la Justicia y se prevén más demandas a empresas

La Legislatura porteña tratará los convenios firmados por Macri y Larreta. Uno de ellos establece el proceso para que los usuarios denuncien productos o servicios deficientes

Votan el traspaso de la Justicia y se prevén más demandas a empresas

La Legislatura prevé tratar este mediodía cuatro proyectos de ley que permitirán la transferencia progresiva de juzgados y competencias de la Justicia Nacional Ordinaria al ámbito de la Ciudad, algo demandado desde el poder político para afianzar la autonomía porteña, aunque resistido entre los magistrados y empleados judiciales.

De no haber sorpresas, el cuerpo legislativo aprobará el traspaso de la Justicia Ordinaria Penal, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y el flamante fuero que regulará las relaciones del consumo. Por este último, en el Ejecutivo porteño estiman que, una vez en funcionamiento, se incrementarán las demandas de usuarios hacia empresas por daños, maltratos o deficiencias en productos o servicios, que hasta hoy recaen en la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor o en la Justicia Nacional en lo Comercial.

El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, reconoció ante El Cronista que la cantidad de demandas "va a crecer necesariamente" en la medida en que se establezca "una Justicia con mayor celeridad en la respuesta", en clara alusión a la demora que hoy en día experimentan para cobrar quienes litigan en la Justicia comercial nacional.

El Gobierno porteño trabaja por estas horas en la redacción del código procesal de este fuero que, una vez establecido, contará con ocho juzgados de primera instancia y dos salas de cámaras. Según el boceto, la Justicia porteña podría no solo recibir denuncias de usuarios residentes en la Ciudad, sino también de individuos de la provincia de Buenos Aires o del Interior del país que demanden a compañías con domicilio legal en la Capital Federal o que presten sus servicios desde este distrito. El lugar de competencia quedará a elección del consumidor.

El Ejecutivo también pretende que la Justicia de las relaciones de consumo actúe bajo los principios de "celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor". Además, establecerá un mecanismo de publicidad de las sentencias "para generar una mayor conciencia de consumidores y compañías". Al respecto, Enríquez estimó que "son pocos los usuarios que hoy en día reclaman, porque no conocen sus derechos ni cómo deben actuar cuando se les entrega, por ejemplo, un artefacto defectuoso". De acuerdo al ordenamiento normativo y el código en redacción, en caso de duda, el nuevo fuero se inclinará por el consumidor.

En el plano político, la aprobación de los cuatro proyectos será utilizada por el oficialismo para ejercer presión sobre los senadores y diputados, que todavía no abordan el debate y, por lo tanto, demoran el traspaso. Los convenios solo entrarán en vigencia una vez que el Congreso los apruebe tal como fueron enviados desde Casa Rosada, es decir, sin modificaciones.

La Legislatura también prevé debatir y votar hoy el proyecto que permitirá crear una plaza pública con un centro cultural, educativo, recreativo y deportivo en la Manzana 66 del barrio de Balvanera, incluido el resarcimiento al propietario del predio, que pretendía construir allí un microestadio, pese a ser resistido por los vecinos.