Lunes  31 de Diciembre de 2018

Vidal modifica la responsabilidad fiscal para ordenar a los municipios

El cumplimiento de la norma que busca contener el gasto de los intendentes es la que habilita a los distritos a obtener financiamiento y ayuda de la provincia

Vidal modifica la responsabilidad fiscal para ordenar a los municipios

Buenos Aires reglamentó su régimen de Responsabilidad Fiscal en el que, a imagen y semejanza de lo que sucede con las provincias y la Nación, establecen normas en busca de ajustar las cuentas de los municipios.

Aunque la ley fue votada en diciembre de 2017 junto al presupuesto provincial, la norma sufrió modificaciones consecuencia de la promulgación de otras leyes. A partir e esto, este viernes se conoció una modificación respecto de la Ley de responsabilidad, en especial en el conjunto de pautas y parámetros que permiten "un manejo prudente de las finanzas públicas y tornan necesario precisar las dimensiones y alcances de las expresiones, pautas e indicadores utilizados".

El dato no es menor para los municipios ya que la adhesión a la Ley 13.295 y sus modificatorias es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamiento y otorgamiento de avales o garantías, o para suscribir contratos de fideicomisos y obtener asistencias financieras o suscribir contratos de leasing o compras a plazo.

En total, en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios y hasta el último día de 2018 había 95 que había suscrito el pacto fiscal, el plan de ajuste para controlar gastos y contrataciones de personal que ideo la administración de María Eugenia y que habilita al que lo cumple a buscar financiamiento externo o asistencia financiera de la Provincia.

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Esa ecuación será en relación al PBI. Así lo anticipó el secretario de Energía, Darío Martínez, aunque destacó que se podría rever la forma en que se adjudica la ayuda estatal

Con este cambio, que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial bonaerense, se estableció nuevas pautas en las que señala como "Asistencia Financiera Provincial y/o Nacional" a los anticipos de la participación en impuestos nacionales y provinciales que aún no se hubieren recaudado y otras asistencias financieras reintegrables nacionales y/o provinciales que de algún modo comprometan recursos futuros de los municipios.

Uno de los puntos relevantes es el de lo que se entiende por Deuda Pública. Teniendo en cuenta que los municipios no pueden endeudarse por encima del 10% de los recursos corrientes, salvo para refinanciar en mejores condiciones una deuda propia preexistente. La norma publicada especifica que es aquella que "resulte de las operaciones de crédito público, cuyo reembolso y/o vencimiento supere el ejercicio vigente al momento de su formalización. La opción consolidada es la que se origine en la contratación de préstamos; la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones del Tesoro Municipal; la consolidación, conversión y renegociación de deudas, la suscripción de Contratos de Fideicomiso, con independencia del agente financiero a contratar y las garantías ofrecidas.

Este punto, como el de la contratación del personal que no puede mayor al crecimiento poblacional del municipio o que las tasa nominal de incremento del gasto corriente primario de cada Municipio no supere la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), son los ejes principales que utiliza Vidal para decidir qué municipios van a ser asistidos.

Los intendentes rechazaban la medida porque entendían que les coartaban la autonomía a la hora de contratar personal y llevar adelante una política propia de tasas municipales o, por ejemplo, o incremento del gasto. Pero como la contracara es la pérdida de ayuda, el 70% de los intendentes ya suscribieron el acuerdo con la administración con sede en La Plata.

Un detalle no menor de cara al 2019 es que los municipios que firmaron tienen prohibe por la ley que en los seis meses previos a dejar el cargo tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente, como por ejemplo, pasar trabajadores a planta permanente.

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