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Vidal intervino el servicio penitenciario

El gobierno de María Eugenia Vidal removió la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), comenzando por su jefe, Fernando Díaz, envuelto en una polémica por una denuncia por "administración fraudulenta" durante su gestión nacional. Sin embargo, como se encargaron de aclarar desde La Plata, el desplazamiento responde a una megareforma del sistema que elaboró el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari. Sus detalles serán anunciados hoy por la mandataria.
Por los próximos 90 días, las cárceles bonaerenses estarán bajo control civil: el SPB será auditado por un funcionario de Ferrari, el subsecretario de Políticas Criminales, Juan Baric. En paralelo, comenzarán a funcionar dos nuevas oficinas; una de control de gestión y otra de evaluación de desempeño, que proseguirán luego de la intervención. "Si encontramos algún delito van a ser denunciados, pero estamos trabajando para el futuro", prometió Ferrari a este diario, al tiempo que detalló que 132 agentes serán pasados a retiro (como consecuencia de la remoción de la cúpula) pero que, además, los demás estarán a prueba durante los tres meses de investigación interna.
El ahora apartado Díaz, que reemplazó a Florencia Piermarini luego de la escandalosa fuga de los condenados por el Triple Crimen, el primer dolor de cabeza que el SPB le provocó a Vidal apenas asumió, estaba en la mira de varios organismos provinciales. Particularmente de la Comisión Provincial de la Memoria, que había solicitado su renuncia por su gestión anterior, en el Servicio Penitenciario Federal, por la que es investigado por la Justicia Justicia Federal junto a una treintena de otros funcionarios por el servicio de alimentos de un complejo penitenciario de Salta.
El 43% de los que terminan sus condenas, vuelven a reincidir y vuelven. El sistema fracasó", detalló Ferrari para desligar la salida de Díaz con su reforma al servicio, inédita desde el regreso de la democracia, ya que su estatuto fue elaborado en 1980.