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Vidal dió marcha atrás y no habrá carcel por difundir patrimonios

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que "será revisado" el decreto que establece penas de hasta cuatro años de prisión para "funcionarios, empleados y terceros" que revelen información sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales de integrantes del gabinete gubernamental y fuerzas de seguridad.
Publicada en el Boletín Oficial provincial, la disposición modifica el decreto Nº 116/16, que regula la obligación de funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar su declaración jurada.
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal", se estableció en el texto. Por la tarde, Vidal reconoció que la disposición "será revisada" si "alguna cuestión técnica generó dudas".
La mandataria provincial, vía Twitter, aseguró que el acceso a la información patrimonial de ella y su gabinete "es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes. Posteriormente, el gobierno provincial envió un comunicado en el que explicó que "a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo". Y añadió que "por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público".