Viernes  03 de Julio de 2020

Vicentin: rechazan pedido oficial para que el concurso pase al fuero porteño

Una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó que el concurso de acreedores de la agroexportadora se tramite en Ciudad de Buenos Aires, algo que buscaba el Gobierno.

Vicentin: rechazan pedido oficial para que el concurso pase al fuero porteño

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del Gobierno para que la tramitación del concurso preventivo de la empresa Vicentin se traslade de la provincia de Santa Fe al fuero federal porteño.

Así lo decidió la jueza María Alejandra Biotti luego de que el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, solicitara la incompetencia del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe, a cargo de Fabián Lorenzini.

El pedido del Ejecutivo nacional planteaba la incompetencia del juzgado santafesino para entender en el pedido de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020, que estableció la “intervención transitoria” de Vicentin o en cualquier otra medida cautelar que se presente al respecto.

El Gobierno se refirió a la presentación efectuada el 17 de junio por los integrantes del ex directorio de la firma concursada, quienes plantearon la inconstitucionalidad del decreto presidencial y solicitaron que se suspendiera la medida y se los restituyera en sus cargos cargos.

Dos días después del pedido, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, hizo lugar al amparo de los ex directivos y los repuso en los cargos por de 60 días, lo que para el Gobierno “contravino las disposiciones en materia de asignación de competencias a los órganos jurisdiccionales” y propuso que el expediente se traslade al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

La jueza Biotti consideró, citando jurisprudencia, que “la competencia en razón del territorio obedece a la proximidad del órgano judicial con el lugar en que se encuentra situado alguno de los elementos de la pretensión o petición que es el objeto del proceso”.

No resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU No 522/2020, cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar”, argumentó Biotti.

Por último, el fallo mencionó que “adoptar una solución contraria, que no atienda al lugar en el que el acto cuestionado produce sus efectos, implicaría, por un lado, vaciar de contenido a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en las provincias y, por el otro, obligar irrazonablemente a los demandantes a litigar de manera exclusiva en la jurisdicción territorial de los tribunales federales con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la mera circunstancia de que las máximas autoridades de la Nación están radicadas en este territorio”.

Ayer, mientras por decreto provincial le quitaban el puerto de Reconquista a la cerealera, Lorenzini envió a la Cámara de Apelaciones de esa ciudad santafesina los recursos de nulidad y apelación presentados contra su resolución por la que repuso a los administradores de la empresa retomen el control de la firma, así como los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 que estableció la intervención.

En el primer caso, el titular del juzgado Civil y Comercial de la 2da nominación de Reconquista (Santa Fe) concedió los planteos recursivos “con efecto no suspensivo”, lo que equivale a mantener a los directivos de Vicentin como administradores de la empresa concursada, hasta que la Cámara resuelva la controversia, informaron fuentes judiciales.

Según la resolución, al conceder los recursos de nulidad y apelación a su resolución del 19 de junio en la que se declaró incompetente para resolver sobre la constitucionalidad del DNU 522/2020, lo hizo con efectos suspensivo, por lo que los interventores designados por el Poder Ejecutivo no podrían cumplir esa función. Además, el juez denegó los recursos de revocatoria interpuestos por las partes contra su resolución del 19 de junio.

En los considerandos, Lorenzini señaló que adoptó esas decisiones porque “con respecto a la mentada resolución de fecha 19/06/2020, recayeron cuestionamientos de diversa índole y naturaleza -algunos inclusive incompatibles entre sí-, razón por la cual encuentro indispensable, en el marco de las facultades ordenatorias del juez concursal, realizar las siguientes consideraciones a los fines de reencauzar dicho trámite”. De ese modo, señaló que busca “lograr una pronta respuesta jurisdiccional que brinde seguridad jurídica”.

La resolución hace referencia a la existencia de distintos recursos interpuestos por las partes -revocatorias, declaraciones de nulidad y apelaciones-, al fallo que dictó el 19 de junio pasado, por el cual repuso a los directivos de Vicentin en la administración de la empresa y se declaró incompetente para resolver la constitucionalidad del DNU que dispuso la intervención de la compañía concursada.

Se trata de planteos del Poder Ejecutivo, del designado subinterventor Luciano Zarich, de la Inspección General de Persona Jurídica de Santa Fe y del representante legal de los accionistas de Vicentin.

“En razón de que los recursos de revocatoria han sido interpuestos con apelación en subsidio, entiendo oportuno, conveniente y razonable unificar los diversos planteos recursivos a fin de que sean resueltos por un único Órgano Jurisdiccional y bajo un único trámite”, sostuvo Lorenzini, al enviar los recursos a la Cámara de Apelaciones de Reconquista.

“Para ello –completó-, he de disponer la formación de un legajo de apelación y elevarlo al Tribunal de Alzada, para el entendimiento íntegro de las apelaciones presentadas”.

A la vez, el juez decidió conformar otro legajo para que la Cámara atienda los planteos sobre la constitucionalidad del DNU. Según fuentes judiciales, mediante esa resolución el juez puede continuar con el concurso preventivo de la agroexportadora, por un total de acreencias cercanas a los $100.000 millones, mientras el tribunal superior resuelve los incidentes en legajos separados del expediente principal.

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