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Un fallo con tinte político y un Gobierno que pecó de ingenuo

La primera intervención trascendente de la Corte en la gestión de Cambiemos terminó con una dura derrota judicial para el gobierno de Mauricio Macri, que deberá dar marcha atrás con los aumentos en las tarifas de gas de los usuarios residenciales y exponerse así a pérdidas millonarias que no serán los $ 80.000 millones que el Ejecutivo previó ante un fallo adverso, pero que sí le generará un daño político y económico difícil de revertir en el corto plazo.

 

 

Algunos apuntes en torno al fallo:

Desde que comenzó la discusión judicial por el tarifazo, siempre hubo una certeza en el palacio de Tribunales. La Corte no iba a cargar sobre sus espaldas una decisión ejecutiva que implicaba un sacudón al bolsillo de los consumidores. Así sucedió, y por eso se diferenció a los clientes residenciales de los usuarios industriales.

La estrategia judicial del Gobierno fue errada, de principio a fin. En la Justicia consideraron prácticamente principiantes a los abogados que llevaron adelante el plan jurídico. 

Aún en su aparente intento genuino por cambiar la cultura energética de los argentinos, pecó de ingenuo Mauricio Macri si pensó que aumentos del 700% en las tarifas iban a ser asimilados tan fácilmente por la sociedad. La judicialización fue inmediata y masiva.

Es clave el hecho de que el fallo refiera solamente a los usuarios residenciales, que representan un 26% del consumo anual de gas. Los otros tres cuartos de usuarios deberán pagar las subas, aunque el Gobierno puede quedar expuesto a nuevas judicializaciones de ese sector por no haber convocado a audiencias públicas.

En un fallo con claro tinte político, que le marca el terreno al Gobierno, la ratificación de la tarifa social es otra muestra de que la Corte le dio relevancia a un argumento que plantó desde el inició de la discusión: garantizar que los sectores más vulnerables no se vieran perjudicados.

Se viene otra decisión clave en la Corte: la de los aumentos de luz, que fueron suspendidos por la justicia de primera instancia y hoy recayeron en el máximo tribunal. Se le girará el expediente a la procuradora Alejandra Gils Carbó y se dictará la sentencia, probablemente a mediados de septiembre, ya con Carlos Rosenkrantz consolidado como quinto juez.