Jueves  23 de Julio de 2020

Tres razones para entender la reforma judicial que promueven Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Ocupar cargos estratégicos en Comodoro Py. tener una Corte alineada y promover una Procuración con peso propio, parte del plan para el sector en la que trabajan desde principios de años, cada uno con sus argumentos, el Presidente y la vicepresidenta.

Tres razones para entender la reforma judicial que promueven Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La tiene en mente desde el 10 de diciembre, la anunció hace casi cinco meses, la presentará mañana, pero cuándo se pondrá en marcha y si será efectiva en algún momento es la principal duda. La bendita reforma judicial que propone Alberto Fernández, como la que propuso Cristina Kirchner en 2013 y la que en menor medida impulsó Mauricio Macri en el inicio de su mandato, se explica en un aspecto que  trasciende a los gobiernos de turno. La Justicia funciona mal, siempre, y es maleable a las decisiones que toman los ejecutivos una vez que asumen el poder.

Algunas razones para entender por qué la reforma judicial que proponen Alberto Fernández y Cristina Kirchner apunta a reforzar la presencia del Gobierno en un área estratégica de poder.

1- Alinear a la Corte Suprema

Resulta curioso que durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006, se aprobó un nuevo formato de Corte Suprema de Justicia con cinco integrantes, aun habiendo siete jueces integrándola en en ese entonces, siendo Cristina Kirchner clave desde su rol de senadora y Alberto Fernández un arquitecto del proyecto oficial desde la Jefatura de Gabinete. Hoy, aun sin que se incluya dentro del proyecto de reforma, hay consenso entre ellos en buscar hacer el camino inverso: ampliar una Corte que, entienden, quedó corta.

Esa conducción de la Corte fue celebrada por diferentes sectores del arco político y judicial, sobre todo por representar una clara contraposición con la cuestionada corte menemista que, a excepción de Carlos Fayt y Enrique Petracchi -ambos fallecidos ya-, había quedado atrás en los años previos.

La figura de Ricardo Lorenzetti fue emergiendo con fuerza, asumió la presidencia en 2007, y en el segundo mandato de Cristina Kirchner esa Corte valorada se convirtió en enemiga pública, a partir de fallos contrarios. Sólo Eugenio Zaffaroni respondía a los pedidos que llegaban de Casa Rosada y fue entonces que se promovió la denominada reforma del Consejo de la Magistratura, con llamado a elecciones de sus miembros en el marco de la disputa por la Ley de Medios con el Grupo Clarín. Fue la propia Corte la que a mediados de 2013 la desactivó, en un fallo que terminó de quebrar la relación con el kirchnerismo.

Años después, y macrismo mediante la conformación de la Corte es bien diferente. La lidera Carlos Rosenkrantz, un juez visto como adversario por el Gobierno actual, pero que en los hechos no administra el poder que, aun sin cargo, siguió ejerciendo en el tiempo Lorenzetti. El santafesino y su coterráneo Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia de Kirchner, son en la actualidad los que construyen el poder dentro del cuarto piso de los tribunales de Talcahuano, en una relación fluida puertas afuera, pero con rispideces internas que no se disimulan. El cuerpo lo completan Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. 

El diálogo con el Ejecutivo es cordial, pero la reforma que se impulsa, con cambios fuertes en la estructura de Comodoro Py, el edificio más político de la justicia nacional, genera preocupación en el sector. La Corte no es la excepción y no se descarta que si la letra chica de esos cambios no se convence, aun pasando el filtro del Congreso, pueda ajustar la lupa sobre la constitucionalidad de una futura ley y bocharla como lo hizo en 2013.

2- Fortalecer el control de Comodoro Py

Lo que se impulsa dentro del proyecto, todavía no oficializado, como una fusión de los juzgados federales con los del fuero Penal Económico, apunta a un intento ejecutivo de fortalecer la presencia en los tribunales de Comodoro Py, área estratégica de control político y judicial desde, como mínimo, el retorno de la democracia.

Como nunca se dio en los últimos años, los 12 juzgados más importantes se encuentran ante una etapa de recambio generacional, con jueces dejando su cargo por estar próximos a su jubilación, como Rodolfo Canicoba Corral, quien tenía a cargo dos despachos, el 6 y el 12, o por ejemplo, con vacancias como la que quedaron en el juzgado 11 de Claudio Bonadio tras su fallecimiento en febrero de este año. 

De los nueve jueces restantes que hoy se distribuyen esos lugares, siete fueron nombrados por el kirchnerismo: tres en la presidencia de Néstor (Daniel Rafecas, Ariel Lijo y Julián Ercolini) y cuatro en la de Cristina (Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez y Marcelo Martínez de Giorgi). Hay dos mujeres que eligieron otros ejecutivos: María Romilda Servini de Cubría, designada por Carlos Menem a principios de los '90, y María Eugenia Capuchetti, elegida hace dos años por Mauricio Macri para cubrir la salida de Norberto Oyarbide.

Con innumerables causas por resolver en Py, varios juicios por delante vinculados a corrupción durante su gobierno, Cristina Kirchner está atenta a como se resolverá la sucesión de esos juzgados, aunque también teniendo en cuenta que en varios de ellos pueden dispararse expedientes contra la gestión de Mauricio Macri. El más pesado, la denominada causa de los peajes que hoy involucra a Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, lo tramita Canicoba, quien había solicitado las indagatorias de ambos y de otros funcionarios del macrismo. Hoy se conoció que Ercolini será quien subrogue al jubilado juez.

3- La Procuración, el otro foco de poder

Una de las primeras decisiones de Alberto Fernández como Presidente fue convocar a Daniel Rafecas a Casa Rosada y proponerle ser el próximo procurador general de la Nación. El juez federal, destacado por su trabajo en lo relativo a causas de Derechos Humanos, pero con consenso interno y buena recepción de parte de la oposición, parece ser el hombre ideal para conducir un área determinante durante el segundo ciclo de Cristina Kirchner y desdibujada en el macrismo: el control de todos los fiscales de la Nación.

Para que Rafecas sea erigido como jefe de fiscales, su pliego debe lograr dos tercios de los votos del Senado. La pandemia frenó un nombramiento que, se preveía, iba por buen camino, acordado en parte con la pata macrista de Juntos por el Cambio, más allá del descontento histórico del radicalismo con el juez por haber sido quien envió a juicio oral al expresidente Fernando de la Rúa en la denominada causa de las coimas en el Senado, y de que en el archivo opositor quedó marcado por no haber considerado la denuncia de Alberto Nisman contra la expresidenta por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum AMIA. 

Una salida de Rafecas de Py, para pasar a la órbita de la Procuración, dejaría otro juzgado vacío y pendiente de un nombramiento, el cuarto, siguiendo el detalle que se comentó previamente. Pero Alberto se garantizaría un juez valorado y considerado "moderado" dentro de la estructura de una Procuración que pasó de ser conducida por Alejandra Gils Carbó, de perfil militante, durante el kirchnerismo, y que desde su salida perdió peso propio por ser encabezada por un interino designado en el gobierno de Macri: Eduardo Casal

Rafecas, de 52 años, viene de la escuela de Esteban Righi, quien fue procurador durante toda la presidencia de Kirchner -con Alberto de jefe de Gabinete- y hasta 2012, cuando salpicado por denuncias nunca probadas de Amado Boudou, entonces vicepresidente, decidió dar un paso al costado y dio espacio a la era Gils Carbó. Muchos extrañan esos años de Righi conduciendo a los fiscales. Rafecas podría ser un nombre ideal para reparar esa nostalgia, y para que Alberto pise fuerte en un área que Cristina, antes, dominó a piacere.

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