En el Senado, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160, fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión.
La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.
Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades y vencían el 23 de noviembre próximo, lo que obligó al Congreso a fijar una nueva extensión del plazo en medio del escándalo por la desaparición del joven Santiago Maldonado, de 28 años, tras participar de una protesta sobre la ruta 40 de la comunidad Pu Lof en Chubut.
Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado. La ley 26.160 suspende por el término de la duración de la emergencia declarada la ejecución de desalojos.
