Lunes  02 de Febrero de 2015

Tras el caso Nisman, la Justicia pone la mira en Boudou y Máximo Kirchner

La denuncia que había presentado el fiscal espera que le asignen un juez, o confirmen al actual. También habrá novedades en torno a los expedientes Ciccone y Hotesur

Tras el caso Nisman, la Justicia pone la mira en Boudou y Máximo Kirchner

Afirmar que la apertura del año judicial será hoy parece una broma, contextualizando el enero hiperactivo que acaba de concluir y que tuvo como punto de inflexión la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero formalmente los tribunales comienzan a poblarse en febrero y las decisiones más esperadas en las causas más relevantes empiezan a surgir en el segundo mes.


La muerte de Nisman alteró la habitual calma de verano, no sólo porque originó un expediente que busca conocer las causas de su muerte, sino porque quien era titular de la Unidad Fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, había presentado una denuncia por encubrimiento a Irán que involucra, nada menos, que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios del Gobierno.


El escrito de 290 páginas reside hasta hoy en el juzgado federal número 4, del juez Ariel Lijo, quien debía regresar de su licencia recién hoy, pero lo hizo el 19 de enero, horas después de la muerte de Nisman. La semana anterior, la jueza Maria Servini de Cubría, que reemplazaba transitoriamente a Lijo, había entendido que no existía urgencia para tratar la presentación del fallecido fiscal.


Ya al frente de la causa, Lijo ordenó las primeras medidas de prueba del caso, pero ni él ni el fiscal del caso, Ramiro González, definieron si tenían competencia para incluir la denuncia dentro del expediente paralelo que ellos tramitaban por irregularidades en la causa central que investigó el atentado. A partir de hoy se decidirá si toman el caso o si se sortea como una causa nueva y recae en otro juzgado federal.


No se trata de la única denuncia que compromete a la Presidenta y a su entorno. Quizás la más pesada de todas las causas iniciadas en Comodoro Py contra Cristina es la que investiga irregularidades ante la Inspección General de Justicia de Hotesur, la empresa familiar de los Kirchner que administra los hoteles que tienen en El Calafate.


Quien está a cargo del caso es el juez federal Claudio Bonadio, uno de los más denunciados por el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura –fue multado con la quita de su sueldo por un mes– y quien tendría entre sus planes llamar a indagatoria a Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, o bien ordenar nuevos allanamientos. Tras la muerte de Kirchner, Cristina se quedó con el 49% de las acciones de Hotesur, y sus dos hijos, Máximo y Florencia, tienen entre ambos otro 49%. El 2% restante es el que investiga el juez.


Amado Boudou será, como ocurrió en los últimos tres años, otro de los protagonistas estelares de Comodoro Py. Contra él todavía resta una definición de la Cámara de Casación respecto a su procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone. De confirmarlo, el vicepresidente quedará a las puertas de un nuevo juicio oral, ya que deberá afrontar uno por adquirir de manera irregular un auto Honda ‘92 y falsificar su documentación.


También puede haber novedades relativas al Vice en el expediente que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. Al frente del mismo están el juez Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, la dupla que lo procesó en Ciccone. Desde fines de 2014 se espera que Di Lello convoque a indagatoria a Boudou, a su ex pareja, Agustina Kämpfer, y a su socio José Núñez Carmona.


Por otra parte, también se esperan novedades en el corto plazo en Casación sobre la validez del memorándum con Irán firmado por Argentina en relación a la causa AMIA. La Cámara Federal, el año pasado, contradijo al juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral, y declaró el acuerdo de entendimiento como inconstitucional.

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