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Tarifas: para los ex secretarios de Energía la salida “es política” y exige una “política de Estado”

El grupo que integran especialistas que fueron funcionarios del  área en distintos gobiernos reclama que las fuerzas políticas retomen el espíritu de la “Declaración de Compromiso firmada por los principales candidatos presidenciales en 2014”, que “estableció mecanismos consensuados para abordar esta delicada situación”.

Tarifas: para los ex secretarios de Energía la salida “es política” y exige una “política de Estado”

El grupo de exsecretarios de Energía difundió hoy un documento en el que, para  encontrar una salida al “atolladero” que se produjo con la situación de las tarifas de los servicios públicos, propone retomar los principios formulados en la “Declaración de Compromiso” firmada por los principales candidatos presidenciales en 2014”, donde se “establecieron mecanismos consensuados para abordar esta delicada situación en el contexto de una política de Estado para un sector que había sido rehén del corto plazo”. 

El grupo de exsecretarios está integrado por Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco y el compromiso al que aludieron contó la adhesión de Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer,  Hermes Binner, Ernesto Sanz y Julio Cobos “y varios partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios”.

El grupo manifestó su preocupación por la situación actual, ya que “el congelamiento tarifario”, que se ha creado a través de fallos judiciales que suspendieron los aumentos “implica una indefinición que agrava el problema”. 

La idea de los exsecretarios de retomar el compromiso de 2014 apunta, fundamentalmente, a establecer consensos entre las principales fuerzas parlamentarias, para lo cual ellos se ofrecen como “facilitadores”, en tanto fueron los autores del documento que los candidatos firmaron en 2014.

En ese documento se dejó en claro de entrada que el tema tarifario era fundamentalmente “político”, ya que los exsecretarios distinguen 
entre "tarifas energéticas" que son reguladas por el Estado y los "precios energéticos", que deben surgir de mercados competitivos y no distorsionados. 

El grupo entiende “que el sinceramiento tarifario es necesario e ineludible por las consecuencias negativas que provocan a los usuarios en la calidad de la prestación de los servicios públicos que reciben; porque hay insuficiencia en las inversiones y quebrantos en las empresas prestadoras; y por el impacto negativo en la macroeconomía que los subsidios energéticos ocasionan”.

Sin embargo, tal cual lo propusieron en el documento que fue la base del  compromiso “los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos”, al tiempo que plantearon  que “se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos”. 

También plantearon que “para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social) que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)" 

Según el grupo “el análisis minucioso de los pasos que llevaron a los ajustes tarifarios en el primer semestre nos indica que las decisiones adoptadas tuvieron como referencia lo firmado en la declaración de compromiso, aunque de manera parcial, y sin explorar mecanismos de consenso que hubieran evitado la especulación política cortoplacista”.


“Como en la Argentina se destruyeron los mercados y los precios estuvieron sujetos a intervención discrecional y cortoplacista, la recomposición de los mercados de estos bienes y sus precios debe ser gradual y apuntar "luego de un período de transición a un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos", dice el documento.

Y agrega que “la situación heredada al 10 de diciembre de 2015, y que aún hoy no ha sido modificada, es que se desconocen muchos costos que condicionan la elaboración de un tarifario que recupere los costos del sistema en los segmentos de transporte y distribución. Para conocer esos costos y fijar las tarifas reguladas se debe convocar a los respectivos procesos de Revisión Tarifaria  previstos en los Marcos Regulatorios de Gas y Electricidad. Para esas revisiones son necesarias las Audiencias Públicas. Si fuera necesario y conveniente disponer aumentos a cuenta, los mismos también deberían cumplir dicho requisito; y es lógico que ayudaría a superar el conflicto actual acelerar el proceso de normalización de los entes reguladores del gas y de la energía eléctrica”.


Plantea     que se normalice “sin demora alguna la constitución de los Entes Reguladores, mediante concursos públicos que seleccione los mejores candidatos no alcanzados por las incompatibilidades vigentes”.

En síntesis, el grupo plantea rearmar un consenso en base a los principios claves del compromiso de 2014, que plantea

a)    Gradualidad para la obtención de los precios mayoristas -precio de gas en boca de pozo; precio del crudo en boca de pozo y precio mayorista de la energía eléctrica generada-  o sea no inmediatez (una meta en el tiempo).
b)    Precios que tengan en cuenta costos económicos mientras se restablecen condiciones que aumenten la transparencia y competencia de los mercados de manera de reducir esos costos.
c)    Reducir subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente 

E insiste: “Afortunadamente hay salida, por eso es hora de concretar los acuerdos políticos requeridos no solo para salir de esta situación sino también para avanzar por el sendero de la recuperación energética de nuestro país”.