Tarifas: energéticas temen ser postergadas tras la suba concedida a telcos

Las empresas de servicios públicos del gas y la energía eléctrica miran con preocupación la suba de 5% en las telecomunicaciones. Y perciben que tal vez el aumento de sus tarifas quede para después de las elecciones.

Hay que alinear salarios, jubilaciones, precios -sobre todo el de los alimentos- y tarifas para que el crecimiento económico de 2021 no se lo queden "3 o 4 vivos".

Esa fue una de las definiciones más fuertes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del viernes en La Plata.

Por eso, sus confidentes en el sector energético, Federico Bernal y María Soledad Manín (interventores de los entes reguladores del gas y la electricidad, respectivamente), ya trabajan para que las tarifas de la energía desde marzo del año que viene se ajusten a esa idea.

Las empresas energéticas entraron en alerta desde el mes pasado. Esperaban contar con nuevos ingresos desde el fin de la Ley de Solidaridad, la semana anterior, o aunque sea desde el inicio del 2021.

Y si bien la extensión del congelamiento por 90 días no las sorprendió -según cuentan-, ya dudan de que el Gobierno las autorice a tener aumentos durante un año electoral.

Bernal, a cargo de la renegociación de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural a nivel nacional, no afirma tajantemente que habrá incrementos en 2021.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) remarca que, en caso de tener que aplicarlos, serán mucho menores que los que hubieran correspondido de seguir con el esquema tarifario que implementó el gobierno de Mauricio Macri.

Por caso, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) hubiera significado subas de 85% en el segmento regulado, que tendría un impacto cercano al 30% en las boletas que reciben los usuarios.

Mientras tanto, las compañías se resignan y miran con preocupación lo que les sucedió a las empresas de telecomunicaciones (telcos, que incluye telefonía móvil y fija; cable e internet).

El ajuste de 5% -sostienen en el sector- no sirve para compensar el incremento de los costos fijos; las energéticas temen que les suceda lo mismo, pese a que destacan que las telecomunicaciones recién fueron declaradas "servicios públicos" este año, frente a la experiencia que tiene el sector gasífero en negociar con el Estado nacional.

La frase de la ex presidenta, argumentan en su entorno, no lleva alusiones personales, sino que simplemente fue para "marcar un rumbo".

Sin embargo, en el sector regulado de la energía aparecen algunos nombres de los empresarios con mayor fortuna del país.

Son los casos de Paolo Rocca, dueño de Techint, que se expande en la energía con Tecpetrol, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Litoral Gas; y Marcelo Mindlin, que con su holding Pampa Energía tiene negocios integrados en la producción de gas, la generación de energía eléctrica, el transporte -mediante Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transener- y la distribución, con Edenor.

También Nicolás Caputo, que es accionista minoritario en Central Puerto, la gasífera EcoGas y  la eléctrica Edesur, que los intendentes del conurbano bonaerense tienen apuntada.

La principal distribuidora de gas natural del país, Metrogas, tiene como accionista controlante (70%) a la petrolera estatal YPF, por lo que una decisión que afecte sus ingresos también tendrá impacto en el balance de una empresa del Estado.

Tags relacionados

Más de Economía y Política

Compartí tus comentarios