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LUNES 20/05/2019

Tarifa de gas: petroleras y distribuidoras batallan por el plazo de pago

En una reunion con el Gobierno y petroleras, las distribuidoras rechazaron pagar el gas a las petroleras a 30 días, cuando lo cobran a más de 60 días de entregado a los usuarios. Si no logran cambiar este apartado, aducen que se verán obligadas a requerir financiamiento externo.

Tarifa de gas: petroleras y distribuidoras batallan por el plazo de pago

El Gobierno recibió ayer a algunos de los principales ejecutivos del sector gasífero, compuesto por productoras, comercializadoras y distribuidoras, para escuchar las preocupaciones de cara a la subasta de precios que se realizará en febrero.

La reunión, que estuvo dividida en tres mesas y fue encabezada por Carlos Casares, vocal del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Patricio Pinnel, hombre de confianza del nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

Allí, según comentaron a El Cronista fuentes al tanto del encuentro, las distribuidoras (un grupo conformado por Metrogas, Naturgy -ex Gas Ban-, Camuzzi y EcoGas, entre otras) rechazaron que, tal como fue planteado el "concurso de precios para el abastecimiento de gas natural firme para usuarios del servicio completo de distribución", tendrían que pagar el gas a las petroleras, que lo producen, a 30 días, cuando lo cobran a más de 60 días de entregado a los usuarios.

El texto está siendo sometido a consulta pública hasta el 25 de enero, y la subasta se realizará el 11 de febrero.

Si las distribuidoras no logran cambiar este apartado, aducen que se verán obligadas a requerir financiamiento externo, con su consecuente costo financiero (las altas tasas de interés), que posteriormente deberán cargar a sus usuarios.

Por su parte, las petroleras expresaron su preocupación respecto al tipo de cambio que quedará establecido en los contratos de largo plazo, frente a una eventual devaluación.

Es que las productoras temen que suceda lo mismo que el año pasado, cuando la abrupta devaluación generó una deuda de las distribuidoras de unos $ 21.000 millones, que en principio el Gobierno buscó que se traslade a los consumidores y, tras el escándalo político, decidió absorber el costo.

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