"Sindicatos y partidos tendrán que acostumbrarse a dar información"

Experta en acceso a la información pública a nivel nacional y regional, la diputada Karina Banfi asumió en diciembre con el tema al tope de su agenda y será una de las voces clave el miércoles, cuando la Cámara de Diputados debata el tema en el recinto. El proyecto amplía el listado de los sujetos obligados de la ley y no fija límites a quienes quieran hacer una solicitud de acceso a la información.

¿La inclusión de los sindicatos en el proyecto generó ruido?

En casi todos los proyectos de acceso figuran los partidos políticos, que en otros países es un punto cuestionado y difícil de asimilar pero en la Argentina costó menos que otros, y nosotros contemplamos a los sindicatos. Y resulta que hay, no digo una resistencia ni un cuestionamiento, pero sí un estado de alerta de parte de cierto sector político con respecto a los sindicatos. Y yo lo interpreto por una gran capacidad de lobby que tienen los sindicatos y que no tienen otros actores. Yo creo que los partidos políticos también deberían estar alertas y preocupados porque reciben mucho más dinero de esferas públicas que un sindicato.

¿Por qué fueron incluídos directamente?

Lo definimos taxativamente porque la experiencia nos dice que si no lo hacíamos así no iba a ser suficiente e iban a responder, ante los pedidos, que no eran sujetos de esta ley. El alcance es justamente todo lo que tenga que ver en lo referido no a su actividad privada, sino en instancias públicas. Después, sobre la información que uno da, y cómo la desglosa... Organismos como los sindicatos, que tienen estructuras de diseño mucho más estanco, como las de los partidos políticos, van a tener que empezar a acomodar cómo archivan, clasifican y disponibilizan su información.

¿Qué significa ser obligado?

El sujeto obligado tiene que saber que tiene que tener determinadas características diseñadas en términos de su información porque puede venir cualquiera a preguntarle. Ahora, quiénes responden y a quién uno le pregunta, ahí tiene mucho que ver el Estado. Es el Estado el que debe obligar al sindicato a responder. Te pongo un ejemplo que es poco feliz, pero que a mi me gustaría hablarlo antes de que me lo preguntes, que es Chevron. Uno puede ir y preguntarle a YPF, pero también puede ir y preguntarle al entonces Ministerio de Economía, que era el contralor.

¿Cree que debería difundirse ese contrato?

Por encima de todos nosotros está la ley, nos guste o no, y el decreto ley (1172 de acceso a la información) ha funcionado, mal o bien, en diferentes situaciones. Me parece que en todo el proceso hubo falta de capacitación en la administración pública sobre lo que significó el 1172. Ese decreto fue de avanzada en su momento. Y dice que determinada información podría ser reservada y que, por el sistema de tachas, el contrato puede difundirse con alguna información reservada. El problema de este tema fue que desde el inicio nadie supo usar el 1172.

¿Cómo evalúa el órgano control del proyecto, cuestionado por no ser independiente?

Lo importante es que el dictamen de mayoría es parte del debate y del consenso de las comisiones. Y ese seguramente va a ser parte de los temas a debatir en el recinto el 4 de mayo.