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Jueves 4.1.2018
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Según la OEA, Argentina no destina suficiente presupuesto a combatir la violencia contra las mujeres

Luz Patricia Mejía, secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para de la OEA, habló con El Cronista sobre el Tercer Informe Hemisférico e hizo un balance de cómo se ubica la Argentina en el contexto regional.

Según la OEA, Argentina no destina suficiente presupuesto a combatir la violencia contra las mujeres

En el listado de países de América latina y el Caribe la Argentina está entre los que menos presupuesto destinan a prevención de la violencia contra las mujeres, según el Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará (que se puede consultar completo al final de esta nota) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este dato cobra relevancia cuando nos topamos con los 292 femicidios que se produjeron en 2017 de acuerdo a los datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ubica al país entre los que tiene la mayor cantidad de muertes violentas de mujeres a nivel regional.

En materia de presupuesto, la Argentina declaró ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), dependiente de la OEA, no tener información necesaria para responder cuál era el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para los programas, planes o instituciones vinculadas con distintos tipos de violencia contra las mujeres.

A raíz de eso, el MESECVI buscó la información disponible en los sitios oficiales y encontró un bajo nivel de desagregación, que ubica a la Argentina en el mismo grupo de países que Antigua & Barbuda, Barbados, Granada, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. 

"No existe la certeza que sea la cifra total que el Estado asigna como parte del sostenimiento de los planes o medidas para atender a las mujeres víctimas de la violencia", indicó el MESECVI en el informe presentado el 13 de marzo.

El organismo de la OEA remarcó que "resulta preocupante y contradictorio con los compromisos asumidos, el bajo presupuesto que los Estados destinan a sus obligaciones relacionadas a eliminar la violencia contra la mujer" y pone específicamente el caso de la Argentina.

"Existe sin lugar a dudas una grave problemática, en muchos países se habla incluso de una epidemia por las características que representan en términos de prevalencia estadística, en Argentina por ejemplo las últimas estimaciones correspondientes al mes de abril de 2016 indican que cada 30 horas muere una mujer por un femicidio", detalló en el documento.

"Entre las obligaciones asumidas internacionalmente, el reconocimiento normativo, las políticas públicas y los presupuestos, efectivamente existe una brecha de dimensiones abismales. Esto es necesario visibilizarlo", consideró el organismo. 

En comunicación con El Cronista, Luz Patricia Mejía, secretaria de MESECVI, aseguró que "Argentina está en la cola de países que asigna presupuesto para prevenir" la violencia contra las mujeres y que esta es "una situación que tampoco ha mejorado en este Gobierno".

 

- ¿Cuál es la situación de la Argentina en el contexto regional?
- Argentina tiene luces y sombras. Fue uno de los primeros países en plantearse la necesidad de que las mujeres tuvieran la participación política y apenas recientemente han logrado la paridad, porque cinco países se adelantaron. Sin embargo, Argentina tenía un porcentaje bien importante de participación política de mujeres y sigue estando a la vanguardia. También tiene una ley integral que reconoce varios tipos de violencia, por ejemplo la violencia obstétrica que es una batalla que se está dando en buena parte de los estados. 

Respecto del reconocimiento estructural de las violaciones de derechos humanos en términos de norma y específicamente de los DDHH de las mujeres, sin lugar a dudas en la Argentina en términos estructurales estamos hablando de una riqueza importante, una fortaleza importante. Sin embargo cuando aterrizamos en cómo esa normativa se está implementando y cuáles son los resultados de esa implementación, empezamos a encontrar muchísimas sombras. 

Un ejemplo se nota en la complejidad de lo que significa ser un estado federal e incorporar los estándares interamericanos a nivel local en el resto de las provincias. Ahí empezamos a ver importantes desafíos en términos de asignación presupuestaria, en el progreso real en materia de prevención y en la implementación de todo el deber de debida diligencia. 

En el caso argentino, lo que nosotros hemos tenido conocimiento a partir de la información que recabamos del propio Estado es la desarticulación existente y la complejidad de esa articulación en cuanto estado federal y provincias por un lado.

Por otro lado, creemos que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un trabajo importante con la necesidad de unificar la recolección de data para que podamos saber lo que es evidente, que es que frente al importante número de casos de femicidios que se han dado en la Argentina y que se siguen dando, la respuesta sigue siendo insuficiente. 

- ¿Cómo se podría mejorar la respuesta del Estado?
- Frente a una mujer que es víctima de una muerte violenta, bien sea llamada femicidio u homicidio dependiendo de la legislación que corresponda, hay dos momentos: el primer momento es donde se hace una prevención general y el segundo momento con la administración de justicia. 

En primer lugar, tenemos que cambiar las dinámicas de las relaciones desiguales de poder. Eso es lo que establece la Convención de Belém do Pará, que señala que la violencia es producto de las relaciones desiguales de poder históricamente entre hombres y mujeres. En ese cambio cultural  es donde está la principal obligación de prevención. Transformar esas relaciones de poder es un proceso cultural y social que no solo tiene que ver con leyes escritas, sino que tiene que está relacionado con normas sociales que son muy difíciles de erradicar pero es importante porque allí se construye el germen de las violencias contra las mujeres. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Por supuesto invertir en prevención, porque Argentina es uno de los países que está último en la lista (de presupuesto), aunque ninguno de los países que forman parte de la Convención de Belén do Pará llega a cubrir el 1% en gastos dirigidos a atender la violencia contra las mujeres. 

El segundo momento está relacionado con cómo la Justicia y el sistema de administración de Justicia en su conjunto responde a las mujeres que acuden señalando que han sido víctima de violencia, porque tenemos casos de mujeres que reaccionan y acuden, pero muchas veces son un porcentaje bastante pequeño de la globalidad de mujeres que somos víctimas de violencia.

En general, las mujeres no acuden al sistema de administración de justicia porque no existe confianza o porque se conoce muy bien que el sistema no va a resolver la situación. Entonces hay que transformar social y culturalmente el sistema de administración de justicia, hay que generar mecanismos que permitan que las mujeres se sientan seguras en ese espacio. 

- ¿Cuál es la importancia de la independencia económica en un contexto de violencia?
- El tema de la autonomía económica tiene mucho que ver con la capacidad de autonomía general de las mujeres. La autonomía económica pasa también con políticas vinculadas con el cuidado. Pero no todos los femicidios o violencias que sufren las mujeres vienen de sus parejas o exparejas. Siguen siendo hoy en día la mayoría, pero parte de lo que trata de hacer la Convención do Pará es no poner el foco solo en la violencia intrafamiliar o en el ámbito privado, porque no es solo allí donde ocurre la violencia. 

Ocurre en todos los espacios en los que las mujeres estamos: en el trabajo, en la educación, en los espacios públicos, en los espacios de salud. Queremos mostrar la violencia como un hecho que ocurre en todos los espacios en los que las mujeres nos desenvolvemos y queremos sacarnos de ese foco que lleva a ver a la mujer como solo víctima de violencia en su hogar. 

Es probable que una mujer que tenga autonomía económica, y eso es lo que nos cuentan las cifras y las estadísticas que existen, mayor autonomía tiene la mujer de librarse situaciones de violencia donde está sometida en relaciones desiguales de poder. 

Para que haya autonomía económica debe haber también mecanismos de cuidado que sean garantizados por el Estado. El cuidado es un derecho pero también es una obligación del Estado. 

- ¿Qué piensa de que por primera vez se debata en el Congreso argentino una ley de interrupción voluntaria del embarazo?
- El debate sobre aborto es largo y complejo, pero creo que hoy en día la fuerza y la masividad que han tomado las marchas de mujeres, la presencia de mujeres en la calle y la visibilidad ha permitido que el debate se desapegue un poco de todos los dogmas y creencias. 

Eso no significa que los grupos que entienden el aborto como un atentado a las creencias religiosas no vayan a participar activamente o vayan a trabajar arduamente para evitar que esto ocurra.

Creemos que es muy importante, creemos que esta vez estamos más cerca, creemos que Argentina tiene que ponerse al día porque la verdad es que las mujeres siguen muriendo por abortos inseguros y eso hoy en día son, de alguna manera, mecanismos de impunidad que permiten de manera indirecta femicidios, hechos que solo ocurren contra las mujeres y principalmente con mujeres pobres que no tienen mecanismos para garantizarse un aborto seguro. Cuando lo analizamos así, volvemos a analizar esa violencia que yo hablaba anteriormente. Esa violencia que ocurre en todos los espacios, que ocurre de manera estructural porque hay un sistema patriarcal que se ha encargado de entender que los cuerpos de las mujeres son parte de lo que tiene que ser educado y disciplinado.

En ese sistema patriarcal, el disciplinamiento y el control de las mujeres es fundamental.  Y ese control del cuerpo de las mujeres con esos estereotipos de mujer cuidando, de mujer en familia y el espacio privado, son estereotipos que se reproducen de manera permanente a través de un sistema de valores que se publica y republica a través de los medios de comunicación social, a través de los sistemas de valores que se inculcan en la educación y es allí donde tenemos que ponerle foco. 
Por eso, es importante una discusión amplia sobre aborto libre y seguro, sobre las implicaciones que tiene en términos de reducción de mortalidad materna, en término de las implicancias que tiene para las niñas que son víctimas de violencia sexual y que también son víctimas de embarazos forzados cuando tienen menos de 14 años. 

Esto claramente fortalece la justicia social y fortalece la democracia. Entonces yo creo que esos son temas en que Argentina puede asumir un cambio profundo en este momento.