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MIÉRCOLES 22/05/2019

Se desinfla el debate del Código Penal y podría aplazarse hasta 2020

Por la dinámica del año electoral, en el Congreso dicen que "no hay ánimo legislativo" para tratar un texto de semejante relevancia. Dudas sobre el envío desde la Casa Rosada, que impulsa a la vez proyectos colaterales.

Se desinfla el debate del Código Penal y podría aplazarse hasta 2020

El inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso, previsto para el 1° de marzo con la presencia del presidente Mauricio Macri , es el lugar y el momento que el Gobierno considera adecuado para presentar la agenda parlamentaria del año y, como gran tema de fondo, el proyecto de reforma del Código Penal, que una comisión de expertos viene trabajando desde hace casi dos años.

A escasos días de ponerse el parlamento en funciones, en el Congreso y en círculos de abogados comenzó a circular una agenda de temas que la Casa Rosada pretende impulsar este año, y entre ellos no aparece la iniciativa apadrinada por el Ministerio de Justicia, con Germán Garavano a la cabeza, para modernizar el código de 1921, cuando entonces presidía el país Hipólito Yrigoyen.

Frente a diversas especulaciones, en entornos ejecutivos dijeron a este diario que "todavía no está definido que Mauricio Macri anuncie el envío del proyecto el 1° de marzo". Otra fuente interesada en que el proyecto prospere repuso que "se está trabajando fuerte para presentarlo el primer trimestre".

En el interbloque Cambiemos aducen que una reforma tan sensible, que implica tipificar nuevos delitos y modificar las sanciones al respecto, requiere de un acuerdo con las diversas fuerzas de la oposición y, a la vez, al interior de la fuerza oficialista, donde ni siquiera hay consenso acerca de otro proyecto paralelo, el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, tal como quiere el Ejecutivo nacional.

Luego de coronar un 2018 como el menos "productivo" en término de sanción de leyes desde el retorno a la vida democrática, el 2019 -en el que Macri pone en juego su proyecto político por la reelección- no parece por el momento el oportuno para tratar el proyecto, a pesar de haber fogoneado en enero una serie de iniciativas que hacen a la agenda de justicia, seguridad y combate a la corrupción.

Días atrás, Garavano dijo en una entrevista radial que la meta del oficialismo es que el Régimen Penal Juvenil y el Código Penal "tengan al menos media sanción este año”. Otras figuras que circulan el Congreso lo ven muy difícil, teniendo en cuenta la crispación que la campaña levanta con la oposición, la falta de acuerdo interno, y la sensibilidad que varios aspectos levantan en la sociedad.

Macri retornará al Congreso el próximo 1° de marzo y allí se dirigirá a la asamblea

Idas y vueltas

La presentación del Código Penal fue aplazada ya tres veces, con la última en agosto pasado. Por entonces, el presidente de la comisión de expertos encargada del anteproyecto, el camarista federal Mariano Borinsky, justificó la rémora en la decisión del oficialismo de no reabrir el debate sobre la despenalización del aborto, tras el fracaso del proyecto de legalización y la heridas que dejó el debate -todavía no cerradas- entre "verdes" y "celestes".

Más allá de este punto, el Gobierno también dejó entrever recientemente que no fomentaría este año otro debate sobre la penalización de la mujer que aborta o del médico interviniente en el Código.

Antes bien, el macrismo quiere enfocarse en otras materias como el narcotráfico, donde se prevé agravar penas por utilizar a menores en la distribución; la tenencia ilegal de armas, y rebajar beneficios a condenados por crímenes violentos, como las salidas transitorias.

A su vez, el texto trabajo por expertos, que contó con el aporte de otros intelectuales del Derecho y ONG, incorporaría delitos referidos al terrorismo y su financiamiento, el narcotráfico y comercio de estupefacientes; delitos fiscales, aduaneros, cambiarios, militares, delitos de tráfico y permanencia ilegal de migrantes, delitos contra la libertad y la dignidad del trabajo, delitos de tráfico de sangre, órganos y delitos genéticos, entre otros.

También incorporaría penas por actuar contra el medioambiente, el patrimonio arqueológico y paleontológico; añadiría penas por actividades ilícitas en el deporte, a través de Internet y contra la propiedad intelectual.

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