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Responsabilidad Fiscal: discuten cómo computar el gasto en sueldos

Esas erogaciones son las de mayor peso en el gasto corriente, condiciona las paritarias y cumplir con el consenso fiscal. También se debate qué es empleo público

Responsabilidad Fiscal: discuten cómo computar el gasto en sueldos

La ley de Consenso Fiscal propone que tanto la Nación como las provincias no puedan elevar el gasto público corriente primario por encima del IPC nacional, en tanto tampoco podrán incrementar la planta de empleo público por encima del ritmo de la población. Pero la forma de medir el aumento salarial en términos fiscales y qué se denomina cargo público están siendo negociados entre provincias y nación, porque el gasto de personal pesa un 50% en promedio en las cuentas provinciales: si crece por encima de la inflación, las condicionará para poder obtener autorización para endeudarse, pero si limitan las paritarias para cumplir con las metas fiscales, enfrentarán problemas políticos.

La Ley fijó los parámetros globales y las provincias más comprometidas son las que piden mayor flexibilidad en la reglamentación.

Sucede que los aumentos salariales escalonados en 2017 determinan que la masa salarial anualizada de diciembre para 2018 ya es más alta que lo abonado el año pasado. Eso "come" algunos puntos de la paritaria que se tiene que negociar este año. En tanto, limita la capacidad del estado provincial para negociar con los gremios.

"Es el gran dilema que tiene el consenso fiscal a la hora de poder revisar el cumplimiento de la convergencia fiscal", explicó un ministro, que sólo podría otorgar un 10% de aumento para alcanzar la pauta de inflación de 15,7% del presupuesto nacional. "Es impracticable", dijo.

Propuso al Ejecutivo definir el parámetro para que se tome el valor salarial de diciembre. "Condiciona sobremanera las paritarias. Sobre todo porque de nada sirve recortar hoy sueldos en términos reales, donde el 75% del PBI es consumo", alertó, respecto del efecto en la recaudación.

Será clave este parámetro para las provincias donde el peso de los salarios supera el 60% del gasto corriente.

Otro debate relevante es cómo se determinan los cargos del sector público para fijar la planta al 31 de diciembre de 2017. También, los parámetros para que aquellas jurisdicciones que tengan superávit puedan incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de educación, salud y seguridad. Y la relación óptima de cargos ocupados por habitante para permitir excepciones.

Debido a la diversidad de modalidades de contratación -que incluye contratos temporarios, pasantías, por locación de servicios, ad honorem, en negro- y los distintos regímenes laborales, es necesario armonizar y consensuar qué categorías se van a considerar para definir un cargo público.

En tanto, las provincias que fueron conservadoras a la hora de incrementar la planta de personal quieren obtener más margen para incrementar su planta de personal. Para ello se debe fijar la relación por habitante para conocer ese margen: hasta el promedio de las provincias, hasta el nivel de la nación, etc.

Respecto del mayor empleo por obras de infraestructura, falta determinar cómo se medirá esa inversión en la obra, el plazo en que se podrá computar el nombramiento de personal cuando se termine la obra, etc.

Cuando se reglamenten los parámetros y las formas de evaluación, los números provinciales serán revisados trimestralmente por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para que el Ejecutivo las autorice un mayor endeudamiento.