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DOMINGO 17/02/2019

Reforma de la Magistratura: se promulgó la ley y hubo avalancha de amparos

Desde la oposición y desde el sector judicial hubo rechazo masivo a la norma que promueve votar a los consejeros en las elecciones. Para hoy se esperan más denuncias

El Gobierno promulgó la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, llamó a elegir consejeros en las Primarias del 11 de agosto y desató la esperada catarata de amparos judiciales por la presunta inconstitucionalidad de la norma. La Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica y Unión por Todos fueron los partidos que ayer mismo judicializaron el caso, al igual que entidades judiciales como el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), la Asociación de Magistrados, la agrupación Será Justicia y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Si bien el Congreso convirtió el proyecto en ley el 8 de mayo pasado, recién ayer el Ejecutivo la publicó en el Boletín Oficial, determinando que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de votar a los candidatos en las PASO del 11 de agosto. La promulgación de la ley 26.855, que entre otras medidas dispone la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos, es una de las normas centrales de la reforma judicial impulsada por el kircherismo. La polémica reforma del cuerpo prevé que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país. Según estableció el Gobierno, el 12 de junio vencerá el plazo para presentar alianzas electorales y el 22 de ese mes es el límite para la presentación de candidaturas.

Apenas conocida la noticia, en la Justicia federal porteña comenzaron a recibir los múltiples pedidos de declaración de inconstitucionalidad. Hasta anoche, se contabilizaban 16 presentaciones, seis de las cuales se hicieron ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, nueve en el juzgado electoral de la jueza María Servini de Cubría y una ante la Corte.

Al ámbito Contencioso fueron el CPACF, la FACA, seis camaristas nacionales y federales, Será Justicia y los abogados Horacio Minotti y Denis Fletcher. Esos amparos quedaron radicados ante los jueces María Alejandra Biotti, Esteban Furnari, Enrique Lavié Pico, Pablo Cayssials y Liliana Heiland. Ante Servini de Cubría se presentaron la Asociación de Magistrados; dos listas del CPACF, entre ellas Gente de Derecho, de su presidente Jorge Rizzo; la UCR que lidera Mario Barletta, el FAP encabezado por Hermes Binner, los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Pino Solanas (Proyecto Sur), la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos), el diputado Alberto Asseff y el partido “El Movimiento”. A la Corte, en tanto, fue el abogado Ricardo Monner Sans. En tanto, el actual consejero Alejandro Fargosi anunció que mañana hará una presentación. También lo hará el PRO, bloque que en Diputados encabeza Federico Pinedo, quien consideró que la reforma es “groseramente inconstitucional”.

Entre las voces salientes de los reclamos se destacó la del presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, quien dijo que la ley del Consejo es una “vía de politización partidaria del cuerpo que da un predominio de una mayoría electoral circunstancial”. Cabral no descartó ir con un per saltum a la Corte en caso que su amparo sea rechazado en la primera instancia. Monner Sans, quien optó por ir directo al máximo tribunal, dijo que “una Acordada de esta Corte habría de poner las cosas en su sitio”.

Cabe recordar que previamente a la promulgación de esta norma se habían realizado diferentes amparos contra otras de las leyes sancionadas por el Congreso y que forman parte del operativo “Democratización de la Justicia” que impulsa el kirchnerismo. La otra ley resistida es la que limita el uso de las medidas cautelares contra el Estado. En primera instancia del fuero contencioso se le rechazaron recursos contra esa ley, entre otros, al constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el abogado Jorge Rizzo.

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