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Reactivan el traspaso de la Justicia porteña a pesar del rechazo de los jueces

Macri y Rodríguez Larreta firmarán los convenios que inician la etapa de transferencia. Magistrados y empleados judiciales se oponen y temen que les hagan pagar Ganancias

La Ciudad vuelve a intentar el traspaso de fueros judiciales desde Nación

La Ciudad vuelve a intentar el traspaso de fueros judiciales desde Nación

Con suma cautela, el Gobierno nacional y el de la Ciudad preparan un acto para la semana próxima en el que el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmarán el demorado traspaso de las competencias de la Justicia ordinaria nacional a la Capital Federal, pese al rechazo de magistrados y empleados judiciales.

El primer mandatario y el jefe distrital rubricarán la transferencia progresiva de facultades y funciones de la Justicia Ordinaria Penal, el Registro de la Propiedad Inmueble, y la potestad para regular, bajo un nuevo fuero, las relaciones con los consumidores. Al momento, siguen las negociaciones para incluir en esta etapa el traslado de la Inspección General de Justicia (IGJ) y, más adelante, el fuero laboral.

Tras la firma de los convenios, agendada hasta anoche para el jueves próximo, el Congreso y la Legislatura porteña deberán refrendar el acuerdo entre jurisdicciones antes de que comience la mudanza de los tribunales. El interbloque Cambiemos ya inició las negociaciones para sumar votos en la Cámara de Diputados. Por caso, los legisladores que responden al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ya fueron tanteados por el oficialismo para sumar votos frente al poder de lobby con el que la Asociación de Magistrados y el gremio de empleados judiciales, de Julio Piumato, amenazan frenar el debate. En tanto, en el Senado se descartan imprevistos, y en la Legislatura será un trámite expeditivo.

A instancias del ministro de Justicia, Germán Garavano, Macri y Rodríguez Larreta desistieron de firmar el traspaso el pasado 30 de noviembre, tal cual habían acordado. La sombra de un diciembre que se preveía conflictivo hizo recular la negociación, y esa rémora fue exhibida entonces como una victoria de la lista bordó de la Asociación de Magistrados y de la actual presidenta, la camarista comercial María Lilia Díaz Cordero, una férrea opositora.

Los judiciales en conflicto rechazan el traspaso dado que los salarios de los magistrados porteños son más bajos, y el régimen jubilatorio no está garantizado por ley. También cuestionan el acceso a los beneficios de la obra social, y desde la última modificación de Ganancias temen ser los primeros en quedar expuestos al pago del tributo. En Tribunales interpretan que el Poder Judicial de la Ciudad no está expresamente excluido del Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno porteño asegura que los traspasados no verán afectados sus beneficios en ningún caso. "Se va a respetar absolutamente todo lo inherente a los derechos previsionales, la intangibilidad de la remuneración y la estabilidad de los funcionarios, sean magistrados o empleados", aseguró a El Cronista el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez. Pese a las explicaciones, en Tribunales avisan inique ciarán acciones.

El traspaso involucra a 3000 agentes de la Justicia nacional ordinaria, aunque la primera etapa afecta a unos 1400. Para el sustento del sistema, se transferirán $ 5400 millones, que se obtienen de los fondos primarios de la coparticipación.