Domingo  12 de Enero de 2020

Quita de fondos: las razones por las que la Ciudad tendría ventaja sobre Nación en la Corte

Si el conflicto llegara a judicializarse tendría que intervenir el máximo tribunal. Cuáles son los argumentos de cada parte para defender sus posturas, según tres abogados constitucionalistas.

Quita de fondos: las razones por las que la Ciudad tendría ventaja sobre Nación en la Corte

La pelea entre Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación federal tiene un eminente componente político. Pero también puede ser analizado desde la óptica judicial. ¿Podría Alberto Fernández reducir el porcentaje que le corresponde a la capital mediante un decreto? ¿Cuáles son las variables a tener cuenta? Tres abogados constitucionalistas consultados por El Cronista responden sobre estas cuestiones y sobre la posibilidad de que la cuestión escale y llegue hasta la Corte Suprema.

Para explicar la cuestión, Andrés Gil Domínguez vuelve un paso hacia atrás y explica que estos problemas radican en que nunca se sancionó la ley convenio, tal como preveía la reforma constitucional de 1994. “Entonces, todo depende de la voluntad del Poder Ejecutivo y de los pactos fiscales que pueda hacer”, sostiene. En este sentido, considera que en Argentina hay “un sistema federal en lo político, pero unitario en lo económico. Se reparte con discrecionalidad”, en referencia al margen de acción que tiene la Casa Rosada.

Igualmente, considera que el tema podría judicializarse. Todo radica en cómo se justifique la decisión. El argumento de Fernández sería que cuando se transfirieron partidas por el traspaso de la policía a la órbita de la ciudad se hizo mal. Además, Gil Domínguez cree que el gobierno porteño tendría más o menos argumentos “según qué se le retraiga. Es decir, si son contribuciones directas o indirectas, no tendría tanta fuerza. Pero si son asignaciones específicas, tal como prevé el artículo 72 inciso 3 de la Constitución, la Ciudad tendría un gran argumento”.

Félix Lonigro, por su parte, explica que el principal tema es si el gobierno nacional lo hace por decreto. “El Ejecutivo tiene atribuciones legislativas, pero no sobre temas tributarios. Cualquier modificación a la coparticipación tiene que salir por una ley del Congreso”, aclara.

En este sentido, está convencido de que si la ciudad de Buenos Aires judicializa el tema, tendría las de ganar. “La Corte puede justificar su decisión como quiera, pero técnicamente es muy fácil. La coparticipación es un sistema tributario, es materia del Congreso”. Aunque reconoce que la negociación política “va por otro lado” y podría llegar a acordarse de otro modo.

También advierte otra cuestión, y es la posibilidad o no de que la Ciudad de Buenos Aires pueda recurrir a la Corte Suprema directamente, sin pasar por primera instancia. “El año pasado, la CSJN resolvió que la Ciudad tiene competencia originaria, al igual que las provincias”, sostiene, por lo que se espera que se mantenga esta postura.

Finalmente, Gustavo Arballo explica los posibles fundamentos de Nación y de Ciudad ante una escalada del problema. “El gobierno nacional podría fundar la razón de su baja en que no parece consistente que semejante aumento automático haya sido necesario para lo que fue una transferencia progresiva de funciones”, en referencia a lo sucedido en 2016, cuando la capital aumentó el porcentaje de 1,4% a 3,75% (hoy es 3,5%) tras el traspaso de la policía.

Del otro lado, “la Ciudad podría intentar demostrar que efectivamente todos esos gastos eran los necesarios para absorber función policía, o que incluso se quedaron cortos. Acá hay una cuestión “fáctica” que podría judicializarse porque es medianamente objetivable”, sostiene.

Por último, considera que “siempre se hizo por decreto”, por lo que eso solo no bastaría. En este sentido, cree que “la judicialización va a depender en buena medida de los fundamentos que vaya a tener el decreto en cuestión”.

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