Quién paga el sobrepeso del Estado, el argumento que nunca entra al debate

Los recortes de personal dispuestos en varios niveles del sector público nacional y provincial después del 10 de diciembre, dispararon múltiples debates, en los que se mezclan argumentos que remiten a la justicia o no de la decisiones, los derechos adquiridos de los perjudicados, e incluso posibles casos de persecusión ideológica. Como telón de fondo de esta discusión, aparece una supuesta verdad indiscutible: que el Estado puede absorber todos los empleos que sean necesarios. O dicho de otra manera, que el gasto público puede ser infinito.


Los críticos de este tipo de medidas no creen en el argumento económico. Lo ven como un escudo que traduce falta de sensibilidad sobre el drama del empleo. En contraposición, dar trabajo siempre es visto como un buen gesto, aunque el funcionario que firmó la incorporación no tenga posibilidad de garantizarle al beneficiado ni su sueldo ni su continuidad. No importa si fue semanas o días antes de un cambio de ciclo político. O si no tenía una capacitación adecuada. Lo hecho pasa a ser cosa juzgada. Así es como entraron durante el último año al Estado Nacional, según un informe del Indec con datos del primer semestre de 2015, 177 personas por día.


Es cierto que entre 7% del PBI de déficit fiscal y el default hay un trecho, pero no hay que esperar a que explote la burbuja para empezar a actuar sobre el tema. Hay que evitar arbitrariedades y respetar derechos. Pero empecemos por desterrar del debate la idea de que el Estado admite toneladas de sobrepeso sin pagar consecuencias. Con impuestos, con inflación o con deuda, la plata sale de un solo bolsillo: el del contribuyente.

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