Punto por punto: qué dice el proyecto de Ley de solidaridad social y reactivación productiva

Una de las sorpresas de la iniciativa, que sería aprobada el jueves en Diputados, es que la alícuota del 30% para las compras en dólares con tarjeta, alcanza también a la compra de divisas para atesoramiento.

Esta tarde, el Poder Ejecutivo presentará en la Cámara de Diputados el megaproyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que delineará el primer ADN de la nueva gestión. Algunos de los puntos sobresalientes del texto, muchos de ellos ya anticipados, tienen que ver con facultar al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones "para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública"; que el impuesto a los Bienes Personales volverá a tener las alícuotas de 2015, además de un impuesto -inesperado- del 30% para la compra de divisas para atesoramiento. 

En este conexto, todo indica que Alberto Fernández contará con el aval en ambas cámaras, por lo que saldría airoso de su primer desafío de sacar la iniciativa antes de fin de año.

El texto que impulsa Fernández declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Además, delega en el Poder Ejecutivo Nacional -punto fuertemente cuestionado por sectores de la oposición- las facultades del Poder Legislativo incluidas en la ley hasta el 31 de diciembre de 2020.

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Tarifas y Deuda Pública

El proyecto de Ley que impulsa Alberto Fernández faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. 

Por otra parte, establece el congelamiento, por 180 días de las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal. Además, según reza el texto, se faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020.

A esto se le suma que el Ejecutivo podrá intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) por un año.

Bienes personales

La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo también modifica el artículo 25 de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales. A esto se le suma que le da la facultad al Ejecutivo, hasta diciembre de 2020, de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado. 

Así, tal como había anticipado anoche el Presidente, el impuesto a los Bienes Personales vuelva a tener las alícuotas que tenía en 2015, dando marcha atrás con la reducción que había implementado el gobierno de Mauricio Macri.

Impuesto a la compra de divisas

Uno de los puntos más resonantes del megaproyecto impulsado por el Ejecutivo tiene que ver con la aplicación de un impuesto del 30% no solo para el "dólar turista", como se conocía hasta ayer. Sino que también el impuesto alcanza a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones

Además, la recarga del 30% se extiende a los siguientes casos: 

  • Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito,
  • Compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera.
  • Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito.
  • Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.
  • Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

Según especifica el proyecto de ley, lo recaudado por medio de este impuesto serán distribuido por el Poder Ejectutivo de acuerdo a las siguientes prioridades:

  • Un 70% al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
  • El 30% restante se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local. 
Contra la economía en negro 

Otro de los capítulos del proyecto impulsado por Fernández aborda los impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. En este sentido, se establece una sobretasa de castigo a las empresas (dejando afuera a personas físicas y comercios) que retiran dinero en efectivo del banco, ya sea por caja, cajeros automáticos u otra modalidad, dinero en efectivo

Por otra parte, la iniciativa faculta al Ejecutivo a la eximición total o parcial de contribuciones a todas las empresas, que hayan perdido capacidad de compra en los últimos cuatro años, que mejoren los ingresos de sus trabajadores. Además de una moratoria para las pymes: todas sus deudas entran en un nuevo plan de pagos, que incluye 6 meses de gracia para empezar a pagar a 10 años de plazo, con la mitad de tasa que la actual.

Jubilaciones y aumentos salariales

Tal como anticipó el ministro de Economía Martín Guzmán durante una conferencia de prensa esta mañana, el Gobierno suspenderá el sistema de ajuste jubilatorio por 180 días, cuya fórmula se componía de un 70% de la evolución de la inflación y en un 30% en la de los salarios del sector público. En ese período, el Ejecutivo planteará un nuevo esquema. Además de que se dará un bono, en diciembre y enero, para la jubilación mínima, de $ 5000 por mes, y las escalas superiores recibirán un proporcional. 

En este lapso de 180 días, el Ejejutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración. Y, según especifica el texto, se atenderán "prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos".

Emergencia Sanitaria

Otro de los capítulos de la ley que el Ejecutivo enviará hoy a la Cámara de Diputados se incluye la emergencia sanitaria que, entre otros ítems, habilita al ministerio de Salud de Ginés González García a disponer medidas para recuperar programas de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.

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