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Proponen multas y prisión a quienes nieguen genocidios

Después de la polémica generada por los dichos del titular de la Aduana José Gómez Centurión sobre la dictadura, el Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para establecer penas de prisión, multa e inhabilitación para cargos públicos a quienes públicamente "nieguen, minimicen, justifique o aprueben cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad". La propuesta fue redactada por la diputada Nilda Garré, a dos semanas después de Centurión manifestara en un programa televisivo que la última dictadura militar "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio". El texto de la ex embajadora argentina en Inglaterra propone fijar penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de $ 10 mil a $ 200 mil a quien "públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad". Asimismo, la iniciativa aspira a establecer que si el responsable de esas declaraciones es funcionario público, la condena se elevará y será "de uno a 4 años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena". "La Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de Estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado"‘, sostuvo la legisladora opositora en su presentación.
La propuesta está en línea con con lo que sucede en otros países del mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, República Checa y Polonia tienen leyes similares con respecto al Holocausto
"No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras", había manifestado además el director general de Aduanas en el canal América.