Presupuesto y género: en 2018 se ejecutó el 58% del monto que aprobó el Congreso

En un año de intenso debate de los temas impulsados por el movimiento feminista, como el aborto y la escalada de violencia contra las mujeres, la administración nacional ejecutó en 2018 el 58% de las partidas aprobadas por el Congreso para programas que tienen un impacto positivo en la disminución de las brechas de género.

Al analizar con perspectiva de género el Presupuesto aprobado por el Congreso para el ejercicio 2018,  el monto total de las partidas había ascendido a 13.994 millones de pesos. Ese gasto previsto debía ser ejecutado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos ($ 329 millones de pesos), Educación ($ 6085 millones), Salud ($ 4.320 millones) y Desarrollo Social ($ 3.260). Pero el total que efectivamente terminó ejecutándose en 2018 ascendió a $ 8.137,6 millones; lo que equivale al 58,15% de lo que el Poder Legislativo había asignado inicialmente.

La partida que registró la brecha más amplia entre lo que aprobó el Legislativo y lo efectivamente ejecutado por la administración nacional corresponde a "Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles", bajo la órbita del Ministerio de Educación a cargo de Alejandro Finocchiaro. Este programa contaba con un crédito inicial de $ 6063 millones de pesos, pero terminó ejecutando $ 2087 millones en todo 2018. A su vez, al desagregar más los datos, el monto destinado a la construcción de nuevos jardines fue la que menos se ejecutó, porque solo llegó al 10% de lo que había recibido por los legisladores (se gastaron $ 170 millones de los $ 1650 millones que tenía originalmente). 

La construcción de espacios vinculados a los cuidados es una de las demandas fuertes de las organizaciones de mujeres, ya que la provisión pública es fundamental para que las familias puedan organizar sus actividades productivas. Como las mujeres tienen por tradición el rol de encargadas de la crianza de las personas menores de edad, son quienes más sufren el impacto negativo de que el Estado no garantice este servicio. 

La otra partida que se ejecutó a un ritmo inferior al 40% fue la de "Protección de víctimas de violencia", porque podía gastar hasta un techo de $ 295 millones en todo 2018, pero el Ministerio de Justicia solo ejecutó $ 108,4 millones. 

El Poder Ejecutivo solo aumentó los gastos previstos por el Congreso en dos partidas: "Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable" (a la que el Congreso le asignó $ 245,5 millones y el gasto subió hasta $ 326,2 millones); y "Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes" (que tenía un crédito inicial de $ 871 millones y ejecutó $ 1082 millones).

Todos los años, la administración nacional envía al Congreso un proyecto de ley de Presupuesto, que contiene un pormenorizado detalle de cómo piensa utilizar el dinero el Estado durante el año siguiente. Esto permite analizar cuáles son las prioridades y los planes de un Gobierno. Es por esto que a este proyecto suele llamarse "ley de leyes".

Al igual que el resto de los proyectos legislativos, para ser ley tiene que ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores. Esto requiere negociaciones políticas entre el oficialismo y las fuerzas de la oposición, cuyos legisladores además provienen de diferentes puntos del país y reclaman también la federalización en el gasto del Estado nacional. Estos montos aprobados por el Congreso tienen el nombre técnico de "crédito inicial".

Una vez que el Congreso aprueba el Presupuesto, el Poder Ejecutivo debe promulgarlo en el Boletín Oficial. Pero lo que aprueban las dos cámaras no es inmodificable, porque la administración nacional puede reasignar las partidas presupuestarias, bajando el gasto en algunas y subiéndolo en otras. A esto, técnicamente, se le llama "crédito vigente" y puede ir variando a lo largo de todo el año (porque el Gobierno puede ir modificando las partidas a lo largo del ejercicio).

Las modificaciones presupuestarias pueden ser realizadas por la Jefatura de Gabinete y están previstas en el artículo 37 de la ley 24.156. Según contaron a El Cronista desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las modificaciones presupuestarias que realiza el Poder Ejecutivo sobre los montos que aprueba el Congreso pueden deberse a cambios de prioridades de gestión o a variaciones de precios (esto último, por lo general, sucede cuando deben aumentarse partidas).

El monto que efectivamente el Poder Ejecutivo va gastando se llama "crédito devengado", que no es otra cosa que los montos usados (o ejecutados) durante el año. El porcentaje de ejecución surge cuando se compara el crédito vigente (es decir, el que queda luego de las modificaciones del Ejecutivo, si es que hay) y el monto gastado.

¿Por qué si el Poder Ejecutivo presupuesta un monto no llega a ejecutarlo al 100%? Desde la OPC detallan tres motivos: porque no tiene la capacidad administrativa para realizarlo; por una mala programación o porque el Ministerio de Hacienda no habilitó las cuotas trimestrales en las que se va dividiendo el presupuesto.